La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quedó libre del proceso disciplinario que se adelantaba en su contra por la supuesta existencia de una contratación excesiva de prestación de servicios profesionales al interior de la Gobernación, que beneficiaría a su partido político.
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Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación anunció a mediados de abril el inicio de dicha investigación, luego de recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en la nómina de la Gobernación del Valle.
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«Se logró demostrar que no existía nómina paralela en la contratación de las personas por prestación de servicios para el funcionamiento y que esto obedecía a un estudio técnico que se hizo para la reestructuración y reforma administrativa que se realizó en el 2016», dijo la directora jurídica, Diana Lorena Vanegas.
Ante la afirmación de que el departamento contaba con más de 3000 contratistas en los niveles central y descentralizados, la investigación realizada por la Procuraduría legitimó lo dicho por la Gobernación: que los contratos suscritos por prestación de servicios profesionales suman 1019 cargos.
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Además, las pruebas aportadas permitieron demostrar el sustento técnico para definir los apoyos por prestación de servicios para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. También hicieron posible verificar el número real de contratistas y establecer que no hay contratos que superen los montos permitidos, como se expresaba en la denuncia.
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«Demostramos tanto la seriedad técnica con que se hacen estas contrataciones para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la Gobernadora, como una disminución en la contratación de prestación de servicios”, añadió la directora jurídica.
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