“Solo son para las FARC”: Andrés Escobar reclama que no le han dado esquemas de seguridad

El concejal de Cali, Andrés Escobar, conocido por su participación durante el estallido social de 2021, ha levantado una seria denuncia sobre la falta de un esquema de seguridad asignado. Escobar, quien recientemente asumió su cargo público, acusa a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de otorgar vehículos de seguridad exclusivamente a miembros de las FARC, señalando un sesgo ideológico en la gestión de la entidad.

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Andrés Escobar, reconocido por su participación en eventos públicos armado con una pistola traumática durante el estallido social del 2021, fue elegido como concejal de Cali en las elecciones regionales. Sin embargo, ha manifestado que aún no ha recibido el esquema de seguridad correspondiente a su cargo, desencadenando críticas hacia la gestión de la UNP.

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Escobar ha expresado su preocupación ante la aparente falta de imparcialidad en la asignación de esquemas de seguridad, señalando que las camionetas son destinadas únicamente a militantes de las FARC, incluso implicados en actividades ilícitas como el transporte de cocaína. Además, denuncia que su solicitud ha sido archivada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez.

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El concejal ha anunciado su intención de tomar medidas legales para exigir su derecho a un esquema de seguridad adecuado, subrayando que este debe ser asignado basándose en evaluaciones objetivas del Consejo de Evaluación de Riesgos para la Protección de Personas y Bienes (CERREM), y no en consideraciones ideológicas.

Escobar hizo un llamado a la UNP para que cumpla con su deber de garantizar la seguridad de todos los funcionarios públicos, independientemente de su afiliación política. Asimismo, advierte al director de la UNP, Augusto Rodríguez, de que lo responsabiliza por cualquier amenaza que pueda enfrentar en el futuro debido a la falta de seguridad.

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La denuncia de Andrés Escobar destaca la importancia de la imparcialidad y la transparencia en la asignación de esquemas de seguridad para los funcionarios públicos, así como la necesidad de garantizar la protección de sus vidas e integridad física en el ejercicio de sus funciones.