A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, que se realizarán este domingo 31 de mayo, las advertencias de los organismos de control y vigilancia del Estado encendieron las alarmas sobre las garantías democráticas en amplias regiones del país. Mientras la Defensoría del Pueblo alertó sobre la consolidación de estructuras armadas ilegales que estarían regulando campañas políticas, vetando candidatos y condicionando el comportamiento electoral de comunidades enteras, la Procuraduría General de la Nación insistió en la necesidad de fortalecer la denominada “Paz Electoral” y recordó a los servidores públicos los límites legales frente a la participación en política.
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El panorama fue presentado en medio de la divulgación del primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, documento en el que la Defensoría concluyó que la respuesta institucional frente a los riesgos para los comicios presidenciales apenas alcanza un cumplimiento parcial. El reporte sostiene que persisten amenazas graves relacionadas con la expansión de las gobernanzas criminales y el control territorial ejercido por grupos armados ilegales en distintas regiones del país.
Elecciones presidenciales en Colombia: crecen municipios en riesgo y refuerzan el Plan Democracia
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que la principal preocupación no radica en la realización misma de las votaciones, sino en las condiciones de libertad bajo las cuales podrían desarrollarse los procesos democráticos en varias zonas del territorio nacional. Según manifestó, el riesgo más grave es que en algunas regiones se consolide una democracia formal donde los ciudadanos terminen votando bajo presión o en medio del silencio impuesto por actores armados.
“La preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, afirmó la funcionaria durante la presentación del informe.
El documento revela que el índice de respuesta estatal apenas alcanzó un nivel bajo de cumplimiento. De las once recomendaciones emitidas inicialmente por la Defensoría, el promedio de cumplimiento fue del 42 %, mientras que el 58 % restante corresponde a recomendaciones que, según la entidad, no fueron atendidas de manera adecuada por las autoridades responsables.
En materia de prevención y protección, el cumplimiento llegó al 52 %. En investigación y acceso a la justicia alcanzó el 55 %, mientras que las acciones de la Fuerza Pública para disuadir amenazas llegaron al 65 %. Uno de los aspectos más críticos fue el de articulación interinstitucional, donde apenas se reportó un 29 % de avance. En cuanto a las gestiones preventivas del Ministerio Público, el porcentaje fue del 65 %.
La defensora Iris Marín enfatizó que uno de los mayores rezagos se evidenció en el fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas, una recomendación que, según indicó, tuvo un cumplimiento del cero por ciento.
El informe advierte que la coacción electoral se está manifestando con especial fuerza en varias macrorregiones del país. Entre ellas aparecen los departamentos del Caribe colombiano como Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico y Cesar; además de Antioquia, Córdoba y Chocó en el noroccidente; y Valle del Cauca, Cauca y Nariño en el suroccidente.
De acuerdo con la Defensoría, en estas zonas los grupos armados ilegales imponen restricciones a la movilidad, amenazan a líderes políticos y establecen “normas de conducta” que terminan distorsionando la libertad del elector.
“Los grupos armados definen en algunas zonas ‘reglas’ donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil. Por ejemplo, en el noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”, sostuvo la defensora del Pueblo.
Uno de los datos que más preocupación generó en el informe fue el aumento de municipios en riesgo electoral. Mientras que en la alerta inicial de 2025 se había hecho un llamado a la acción inmediata en 62 municipios, el seguimiento elevó la cifra a 69. También crecieron los municipios catalogados en riesgo urgente, pasando de 162 a 168, y los municipios con llamado prioritario aumentaron de 425 a 433.
Aunque hubo una reducción en los municipios bajo observación permanente, que pasaron de 216 a 195, la Defensoría considera que el panorama general sigue siendo delicado debido a la expansión territorial de estructuras armadas y a la presión creciente sobre líderes sociales, candidatos y servidores públicos.
El informe también hace énfasis en las poblaciones especialmente vulnerables durante el proceso electoral. Entre ellas aparecen candidatas y candidatos que enfrentan amenazas sistemáticas, homicidios selectivos y restricciones para realizar campañas en territorios dominados por grupos ilegales.
La defensora del Pueblo reveló que incluso se han detectado vallas y mensajes intimidatorios en algunos territorios del país. “Hemos visto vallas en algunos territorios del país; en Cauca, por ejemplo, donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en la que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”, afirmó.
Otro grupo vulnerable son los firmantes del acuerdo de paz, especialmente en zonas como Caño Indio, en Tibú, Norte de Santander, donde el desplazamiento forzado amenaza con impedir el ejercicio del derecho al voto. Situaciones similares fueron reportadas en antiguos espacios territoriales de reincorporación en el departamento del Meta.
La Defensoría también alertó sobre el riesgo que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de juntas de acción comunal, quienes continúan siendo blanco de amenazas, atentados y homicidios.
El informe documentó 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en medio del contexto preelectoral. Los departamentos con mayores niveles de riesgo son Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Los periodistas tampoco escapan de este panorama. La entidad advirtió que la polarización y la exacerbación de la opinión pública están aumentando los riesgos para el ejercicio periodístico durante el cubrimiento electoral.
En cuanto a los responsables de las amenazas, la Defensoría identificó como principales actores al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, el ELN y grupos disidentes de las extintas Farc, entre ellos el Estado Mayor de Bloques y Frente, el Nuevo EMC y la Segunda Marquetalia.
Frente a este panorama, la entidad formuló nueve nuevas recomendaciones y reforzó las emitidas en la Alerta Temprana Electoral. Entre las principales solicitudes aparece el llamado al Ministerio del Interior para que fortalezca el funcionamiento de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas y garantice planes de acción coordinados.
Asimismo, la Defensoría pidió al Ministerio de Defensa diseñar e implementar una estrategia integral de seguridad que permita garantizar el traslado de material electoral y proteger los puestos de votación, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
En paralelo a las advertencias de la Defensoría, el procurador general Gregorio Eljach intervino durante la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral, donde destacó el balance positivo de la primera etapa del calendario electoral y convocó a fortalecer la estrategia denominada “Paz Electoral dos”.
El jefe del Ministerio Público insistió en la necesidad de que las elecciones presidenciales del 31 de mayo transcurran en un ambiente de tranquilidad y respeto institucional, y recordó a los servidores públicos las limitaciones legales en materia de participación política.
Según indicó, cerca de un millón de funcionarios públicos han sido advertidos sobre las conductas prohibidas durante la campaña electoral. Sin embargo, aclaró que no toda manifestación constituye una infracción disciplinaria.
“Lo indebido es lo que está prohibido expresamente en las leyes. Los abogados aquí lo sabemos, aquello que está escrito en las normas”, señaló el procurador Gregorio Eljach.
El funcionario confirmó además que existen múltiples investigaciones disciplinarias abiertas contra servidores públicos de diferentes niveles del Estado, algunas en etapa preliminar y otras ya formalizadas.
“Lo que sí puedo decir, sin violar la norma es que hay mucho funcionario público, mucho de diferente orden, incluyendo el orden nacional, que tienen procesos abiertos, unos de investigación preliminar, otros de investigación disciplinaria ya en forma”, puntualizó.
Finalmente, el procurador hizo un llamado a todos los sectores políticos a respetar los resultados de las urnas y contribuir a unas elecciones en paz.
“La invitación que les hago vehementemente, pero con todo afecto y con todo cariño es: sumémonos a la Paz Electoral, ayudemos a que las elecciones presidenciales transcurran en tranquilidad, que gane quien gane, aceptemos todos los resultados que digan las urnas”, concluyó.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa anunció la activación del denominado Plan Democracia, estrategia que contempla el despliegue de más de 408.000 uniformados para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales de este domingo.
El operativo incluye la protección de 13.489 puestos de votación en todo el país y el acompañamiento de candidatos presidenciales, sus familias y actividades de campaña.
Según el Gobierno, más de 246.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estarán directamente encargados de la seguridad de los puestos de votación y del material electoral.
El dispositivo también contará con aeronaves, drones, vehículos blindados, buques y botes para vigilar regiones apartadas y prevenir alteraciones del orden público en zonas de difícil acceso.
Uno de los componentes clave del plan será la ciberdefensa. El Ministerio de Defensa confirmó la creación de un Puesto de Mando Unificado especializado para monitorear en tiempo real la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional y prevenir posibles ataques cibernéticos o campañas de desinformación.
La estrategia contempla además medidas especiales de protección para los candidatos presidenciales, incluyendo esquemas de seguridad reforzados y monitoreo permanente de eventos políticos.
Las autoridades recordaron que cualquier irregularidad o posible delito electoral podrá ser denunciado a través de la línea gratuita 157, habilitada para recibir reportes ciudadanos durante todo el proceso electoral.
Con este panorama, Colombia entra en las horas decisivas previas a unas elecciones presidenciales marcadas por fuertes desafíos de seguridad, tensiones políticas y advertencias sobre el riesgo de interferencia armada en varias regiones del país. Aunque el Gobierno insiste en que existen capacidades suficientes para garantizar la jornada electoral, los organismos de control coinciden en que la principal preocupación sigue siendo asegurar que millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, sin presiones y bajo plenas garantías democráticas.