La delgada línea entre el orden urbano y el derecho fundamental al trabajo fue un nuevo foco de tensión en el centro de Bogotá, pues en un operativo nocturno que se extendió por varias horas, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Policía Nacional y la Defensoría del Espacio Público, ejecutaron una intervención masiva en el sector de San Victorino, uno de los secotres más comerciales de la capital, en el que culminó con el retiro de unas cuatro toneladas de mercancía y estructuras, dejando un debate lleno de críticas sobre el impacto social en las familias que dependen de las ventas informales.
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El despliegue, concentrado específicamente entre las calles 10 y 12 y las carreras 11 y 12 de la localidad de Santa Fe, movilizó a más de 50 funcionarios. El balance oficial arroja la cifra de 19 metros cúbicos de materiales retirados, compuestos principalmente por estanterías metálicas, carretas y productos que, según el Distrito, permanecían instalados de manera fija obstaculizando el tránsito. Sin embargo, para los defensores de la economía popular, este “barrido” representa un golpe directo a la logística de supervivencia de cientos de ciudadanos.
¿El costo humano del “recuperar espacio”?
Más allá de las cifras de metros cuadrados despejados, el operativo dejó tres personas trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP). Estas detenciones se produjeron en medio de momentos de alta fricción, cuando los trabajadores intentaron evitar que sus herramientas de labor diaria fueran subidas a los camiones de carga. El procedimiento reabre el debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y las alternativas reales que ofrece el Distrito antes de proceder al decomiso.
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La administración defendió la legalidad del acto argumentando un agotamiento de las instancias de diálogo. Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad, la acción no fue arbitraria, sino la culminación de un proceso administrativo:
“Durante un año los gestores de convivencia han realizado jornadas de socialización con los vendedores informales, advirtiendo sobre la prohibición de dejar estructuras fijas y recordando las implicaciones del incumplimiento. Sin embargo, ante la persistencia de esta práctica, la intervención se desarrolló en cumplimiento de la Ley 1801”.
A pesar de esta justificación, la preocupación por los derechos humanos de los vendedores informales cobra relevancia, dado que muchos de ellos denuncian que las “socializaciones” no vienen acompañadas de planes de reubicación efectivos o garantías para no perder su inversión.
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Seguridad vs. Supervivencia: la postura oficial
El Distrito insiste en que estas intervenciones son necesarias para devolverle la ciudad al peatón y reducir los riesgos de inseguridad que generan los bloqueos en las vías. La ocupación permanente de los andenes con plásticos y mobiliario pesado es vista por las autoridades no como un acto de trabajo, sino como lo que sería una infracción que degrada la convivencia.
Al respecto, la entidad fue enfática al señalar que el objetivo es:
“Garantizar espacios ordenados, seguros y transitables para las personas que llegan a la zona y los comerciantes. Además, estas intervenciones continuarán en la zona con el propósito de proteger el espacio público, fortalecer la convivencia y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para toda la comunidad”.
No obstante, el reto para la Alcaldía radica en cómo mantener este orden sin criminalizar. San Victorino es uno de los lugares fundamentales para la economía y sobre todo una parte de la informal de Bogotá y cada tonelada de material retirado cuenta una historia de exclusión financiera. Mientras las autoridades anuncian que los operativos seguirán vigentes, las organizaciones de vendedores exigen que la Ley 1801 no sea utilizada como una herramienta para desplazar a quienes no tienen un local formal, sino como un marco de concertación que respete la dignidad humana.