La captura y posterior liberación de Óscar Ojeda Erazo, alias ‘Leopoldo’, volvió a poner en el centro del debate el alcance de las órdenes judiciales suspendidas en medio del proceso de paz con las disidencias en Colombia. El jefe negociador de las estructuras al mando de alias ‘Calarcá’ fue detenido la tarde del 22 de febrero y recuperó su libertad pocas horas después por decisión de la Fiscalía.
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La detención se registró hacia las 5:00 p. m. en Puerto Concordia, Meta, cuando el vehículo de la UNP (Unidad Nacional de Protección) en el que se movilizaba fue requerido por la Policía en un puesto de control. Durante la verificación de antecedentes, los uniformados encontraron vigente una circular azul de Interpol, mecanismo internacional utilizado para ubicar y recopilar información sobre personas vinculadas a investigaciones penales.
Fiscalía deja en libertad a jefe negociador de disidencias pese a alerta internacional
Alias “Leopoldo” es requerido por la justicia colombiana por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos provenientes de actividades terroristas, dentro de un proceso relacionado con lavado de activos. Además, el caso tendría conexiones con posibles delitos asociados al narcotráfico, según se conoció en reportes preliminares.
Sin embargo, pese a la existencia de la alerta internacional, la Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal segunda especializada contra el Lavado de Activos, impartió la instrucción de levantar el acta correspondiente y permitir que continuara su desplazamiento. La decisión dejó sin efecto práctico la captura y permitió que el jefe negociador siguiera en libertad.
De la captura a la liberación en pocas horas
Horas antes, se había informado que Óscar Ojeda Durán, también conocido como “Leopoldo Durán”, fue detenido por la Policía Nacional en cumplimiento de la notificación internacional. La noticia generó reacciones inmediatas dentro de la delegación de paz de las disidencias de alias ‘Calarcá’.
No obstante, fuentes cercanas al proceso confirmaron que existía la posibilidad de que recuperara la libertad debido a que sus órdenes de captura de carácter nacional están suspendidas desde 2023, en virtud de la Resolución 0376 de la Fiscalía, emitida en el marco de los diálogos con el Gobierno Nacional.
La suspensión de órdenes judiciales aplica para integrantes acreditados como representantes en la mesa de conversaciones, condición que ostenta alias ‘Leopoldo’ como jefe de la delegación de paz. Esta figura jurídica busca garantizar la participación de los voceros en las negociaciones sin riesgo de detención mientras avanza el proceso.
Reclamos y debate jurídico
Tras conocerse la captura, la delegación de las disidencias exigió explicaciones al Gobierno y a su equipo negociador. Aseguraron que el procedimiento afectaba el desarrollo del proceso de paz y reiteraron que “Leopoldo Durán” actúa como gestor de paz y no como combatiente activo.
Pocas horas después, la orden de la Fiscalía confirmó que la suspensión de las órdenes nacionales prevalece en el contexto de la negociación, pese a la existencia de la circular azul de Interpol.
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El episodio reabre la discusión sobre cómo se articulan las alertas internacionales con las decisiones adoptadas en el marco de los diálogos de paz en Colombia. También plantea interrogantes sobre los límites jurídicos de las suspensiones y su alcance frente a investigaciones por lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos graves.
Mientras continúan las conversaciones con las disidencias de alias ‘Calarcá’, el caso de Óscar Ojeda Erazo se convierte en un nuevo punto de tensión entre la política de paz del Gobierno y las actuaciones judiciales nacionales e internacionales.