El Gobierno nacional decretó la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país debido a la grave crisis generada por un frente frío atípico que ha provocado lluvias intensas muy por encima de los promedios históricos. La medida quedó establecida a través del decreto 0150, con una vigencia inicial de 30 días, y busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para atender de manera inmediata los impactos sociales, económicos y ambientales de la situación.
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Los departamentos cobijados por la emergencia son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones donde las precipitaciones han superado entre un 130 % y 180 % los registros habituales, según los reportes oficiales. De acuerdo con el Gobierno, este comportamiento climático extremo ha generado una crisis sin precedentes en los últimos años, con afectaciones múltiples en sectores estratégicos como energía, agricultura, salud y seguridad alimentaria.
Crisis climática en Colombia: decreto de emergencia por inundaciones, colapso energético y riesgo alimentario
Las cifras más recientes revelan que 252.233 personas y 69.235 familias damnificadas han resultado afectadas por las inundaciones y deslizamientos, con un saldo preliminar de 10 personas fallecidas. A esto se suma el colapso de vías, la pérdida de viviendas, daños en centros de salud rurales y la interrupción de servicios básicos en varias zonas del Caribe y el Pacífico.
Uno de los puntos más críticos es la crisis hídrica y energética, especialmente en los embalses de Urrá I y Playas, los cuales superaron su volumen máximo técnico, alcanzando el 103 % de su capacidad. Esta situación obligó a suspender temporalmente la generación de energía, activar descargas controladas y ejecutar operaciones de emergencia para evitar riesgos mayores en la infraestructura y para las comunidades aguas abajo.
En el sector productivo, más de 87.000 hectáreas agrícolas inundadas han afectado seriamente la producción cárnica, láctea y de cultivos básicos, impactando de forma directa a pequeños productores y campesinos. El Gobierno advirtió que esta situación agrava la inseguridad alimentaria, ya que el número de familias vulnerables supera la capacidad de atención del programa Hambre Cero, diseñado para combatir el hambre en poblaciones de bajos ingresos.
El Ejecutivo calificó el escenario como “grave, inminente e imprevisible”, al señalar que los reportes de emergencia aumentaron en un 1.150 % frente al promedio de los últimos cuatro años. Además, se identificó un riesgo sistémico energético, debido a la insolvencia de varias empresas del Caribe que acumulan más de $2,5 billones de pesos en deuda, lo que pone en peligro la continuidad del suministro eléctrico a nivel nacional.
A este panorama se suman los riesgos en salud pública, ya que el estancamiento de aguas, las inundaciones y los daños en hospitales rurales incrementan la probabilidad de brotes de dengue, malaria e infecciones respiratorias, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios médicos.
El Gobierno explicó que los mecanismos ordinarios son insuficientes para enfrentar la crisis. El presupuesto de 2026 redujo los fondos de emergencia en cerca de 10 billones de pesos, y los procedimientos administrativos actuales no permiten una respuesta rápida. Por ello, se requieren facultades excepcionales para realizar transferencias monetarias, aliviar deudas de campesinos a través de FINAGRO y modificar temporalmente regímenes tributarios.
Entre las medidas extraordinarias anunciadas se encuentran transferencias monetarias a hogares damnificados mediante Renta Ciudadana, la ampliación de Hambre Cero, la condonación de intereses a pequeños productores, la recuperación de tierras y el manejo hidráulico en zonas rurales inundadas, así como la protección de la producción de carne y leche. El decreto también subraya la situación crítica de la Central Hidroeléctrica Urrá, cuyo nivel de agua obligó a adoptar protocolos especiales para salvaguardar tanto la infraestructura como la vida de las comunidades cercanas.