Tal como lo había anticipado el presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional expidió en la noche de este lunes el decreto de emergencia económica, una medida excepcional que se adopta tras la caída de las reformas tributaria y de salud en el Congreso de la República. La decisión, que tendrá una vigencia de 30 días en todo el territorio nacional, ha abierto un intenso debate político, económico y jurídico en el país.
Desde su anuncio, la emergencia económica ha recibido fuertes críticas de gremios empresariales, analistas y expertos constitucionales, quienes sostienen que no se cumplen las condiciones exigidas por la Carta Política para decretarla. No obstante, el Ejecutivo insiste en que el país enfrenta una crisis fiscal grave e inminente, producto de la acumulación de varios factores que, según el Gobierno, amenazan la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.
Uno de los principales argumentos expuestos por el presidente Petro es la obligación del Estado de cumplir órdenes de la Corte Constitucional, especialmente en el sector salud. El decreto hace énfasis en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado, que requerirá $3,3 billones adicionales en 2026. Este punto resulta especialmente sensible, dado que contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, existe un incidente de desacato por no convocar la mesa técnica con los actores del sistema para reajustar dicha unidad.
A esto se suma el deterioro acelerado del orden público, marcado por atentados armados, uso de drones y amenazas a candidatos electorales, lo que ha obligado a destinar recursos extraordinarios superiores a $3,7 billones a la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección (UNP). El decreto también menciona la no aprobación de dos leyes de financiamiento consecutivas (2025 y 2026), situación que habría generado un hueco fiscal acumulado superior a $28 billones.
Otros factores incluidos en la justificación son sentencias judiciales que obligan al pago de cerca de $10 billones, los desastres naturales, los subsidios atrasados de energía y gas, y el riesgo de colapso del sistema eléctrico, especialmente en la región Caribe. Asimismo, se advierte sobre restricciones severas al endeudamiento, derivadas de la Regla Fiscal y de las condiciones internacionales, así como problemas de liquidez en la Tesorería, que podrían encarecer el financiamiento del Estado.
El Gobierno reiteró que más del 93 % del Presupuesto General de la Nación es inflexible, al estar amparado por mandatos constitucionales, leyes orgánicas, sentencias judiciales y contratos vigentes, lo que limita la capacidad de ajuste del gasto. En este contexto, sostiene que la emergencia económica es la única vía disponible para evitar una interrupción del gasto social y un deterioro abrupto de la estabilidad macroeconómica.
Mientras la Corte Constitucional evalúa la legalidad del decreto, el Ejecutivo queda habilitado para expedir decretos con fuerza de ley, estrictamente orientados a conjurar la crisis. Entre ellos figuran medidas tributarias, como el aumento del 4 al 5 x mil al gravamen a los movimientos financieros, nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillo, y cambios al impuesto al patrimonio, que ahora se cobraría desde $1.991 millones, con tarifas de hasta 5 % e incluiría también a personas jurídicas.
Con este decreto, el pulso entre el Gobierno y el Congreso se intensifica y traslada a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la legalidad, proporcionalidad y necesidad de las medidas adoptadas.