La empresaria tecnológica Zulma Guzmán Castro, reconocida en el ecosistema de emprendimiento colombiano por su participación en Shark Tank Colombia y por ser la fundadora de la plataforma de carsharing CarB —también conocida como Carbee—, se encuentra hoy en el centro de una de las investigaciones penales más delicadas del año. La Fiscalía General de la Nación la señala como presunta responsable de coordinar el envío de frambuesas envenenadas con talio, un hecho que habría provocado la muerte de dos menores en el norte de Bogotá, el pasado 4 de abril.
La visibilidad pública alcanzada por Guzmán Castro en los últimos años contrasta con la gravedad de las acusaciones. Su emprendimiento, CarB, fue presentado como la primera plataforma de carsharing en Colombia, un modelo que buscaba ofrecer vehículos eléctricos y de gasolina por horas mediante una aplicación móvil. Esta innovación, sumada a su participación televisiva, la posicionó como una figura destacada dentro del sector de la movilidad sostenible.
La caída de CarB y el caso que sacude a Bogotá: las acusaciones contra Zulma Guzmán
La empresaria saltó a la escena nacional en 2021, cuando presentó CarB en Shark Tank Colombia. Durante su intervención explicó: “CarB es la primera car sharing en Colombia. Esta plataforma permite alquilar carros eléctricos y de gasolina por hora. Tenemos también vehículos eléctricos en alianza con una gran superficie y una empresa de energía”. En ese momento, su flota incluía diez vehículos a gasolina, doce eléctricos y proyectos para sumar quince más. Según comentó a los inversionistas, la tarifa incluía combustible, seguros y otros servicios integrados.
El panel de jurados cuestionó diversos aspectos del modelo: desde la adquisición de usuarios hasta la sostenibilidad financiera del proyecto. Ante inquietudes sobre la seguridad y el manejo del riesgo, Guzmán Castro afirmó: “El filtro está basado en centrales de riesgo, capacidad de pago y requisitos como tener pase vigente”. Aseguró además que la idea surgió a partir de una conversación con su hermana, quien le habló de modelos exitosos en Europa y la motivó a replicarlos en Bogotá.
A pesar de las críticas, la empresaria defendió la viabilidad del negocio apoyándose en proyecciones de crecimiento y en prácticas internacionales. Aunque recibió una oferta de inversión condicionada —que implicaba ceder una parte sustancial de la empresa—, Guzmán Castro continuó impulsando la expansión de CarB. Tras casi cuatro años de operación, el proyecto logró cerca de cinco mil usuarios y una flota aproximada de sesenta vehículos, incluidos carros eléctricos.
Sin embargo, Guzmán reconoció posteriormente que el modelo enfrentaba enormes desafíos en Colombia. “Este es un negocio que requiere economías de escala. Llegué a casi sesenta carros con cinco mil usuarios, pero necesitaba seiscientos”, explicó en una entrevista en 2025 en el canal Verdades Incómodas. También comentó que inició el emprendimiento “con capital propio y todos los ahorros”, y que uno de sus errores fue trabajar sola en etapas iniciales. Su búsqueda de inversión incluyó varias rondas con el objetivo de acelerar el crecimiento y fortalecer alianzas estratégicas.
Durante esta misma entrevista, relató tensiones con competidores y la necesidad de posicionar su marca rápidamente: “Salí a medios importantes, me di a conocer y empecé a recibir autos para integrarlos al sistema”. Su presencia mediática contribuyó al reconocimiento de CarB como una iniciativa pionera en movilidad compartida en el país.
Este perfil emprendedor contrasta con el complejo escenario judicial que hoy enfrenta. La Fiscalía, según reveló la revista Semana, sostiene que existen pruebas que vinculan a Guzmán Castro con el envío del producto contaminado al domicilio donde se encontraban las víctimas. El ente acusador fundamenta su imputación en registros y evidencias que —según sus declaraciones— demostrarían la participación de la empresaria en el homicidio.
La gravedad del caso llevó a la emisión de una orden de captura internacional y una circular roja de Interpol contra Guzmán Castro. Aunque no se conocen pronunciamientos directos suyos ante las autoridades, sí ha respondido parcialmente a través de mensajes difundidos en redes sociales.
Antes de que su nombre quedara asociado a esta investigación, Guzmán había construido una trayectoria sólida en el ámbito profesional. Es economista con un MBA dual de Columbia Business School y la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley. Su experiencia laboral supera una década, con roles en proyectos de urbanismo, sostenibilidad, responsabilidad social y economía ambiental. Fue presidenta de Integra Seguridad S.A., cofundadora de Urbia Innovación Urbana y directora ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Economistas Ambientales y de Recursos Naturales.
La caída de Carbee —y del modelo de carsharing que impulsaba— estuvo marcada por la dificultad de escalar un negocio que depende de una flota amplia y costosa. Guzmán ha admitido que este tipo de emprendimientos rara vez logra rentabilidad sin un respaldo financiero sólido y continuo. Su caso, ahora ligado a un proceso penal que genera conmoción pública, ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de los emprendimientos emergentes y el impacto que puede tener una investigación judicial sobre la reputación de una líder empresarial.