El presidente Gustavo Petro reiteró este viernes sus críticas al fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sancionó administrativamente su campaña presidencial de 2022 por presunta financiación irregular y violación de topes de gastos. Según el mandatario, los magistrados que aprobaron la decisión no actúan con independencia, sino como “rivales políticos” que, a su juicio, buscan afectar la estabilidad del Gobierno. “Nos están juzgando nuestros rivales políticos, nosotros no admitimos eso. El juicio contra cualquier conducta política debe hacerse bajo el principio del juez independiente, neutral y no de nuestra oposición, que lo que quiere es hacer un golpe de Estado”, afirmó en una alocución nacional.
Petro centró sus señalamientos en el magistrado Majer Abushihab, quien funge como abogado del alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, uno de los líderes más visibles de la oposición. Según el presidente, el voto de Abushihab fue decisivo para completar la mayoría de seis magistrados que aprobaron el fallo del CNE, el cual concluyó que su campaña incurrió en irregularidades financieras. “El conjuez es el abogado pago del señor Fico Gutiérrez, miembro de la oposición colombiana”, reiteró, insistiendo en un presunto conflicto de intereses.
Tras sanción del CNE, Petro señala falta de imparcialidad y afirma que su campaña no recibió dinero ilegal
Durante su declaración, el mandatario volvió a negar de manera categórica que a su campaña haya ingresado “un solo peso del narcotráfico” o que hubiera excedido los topes establecidos por la ley. En su defensa, señaló que la sanción del CNE tuvo en cuenta un hecho ocurrido “después de la campaña electoral”, del que no presentó detalles, y otro relacionado con los testigos electorales, figura que, según explicó, es un derecho ciudadano para garantizar la transparencia en la vigilancia de los votos.
Petro también cuestionó la forma en que la autoridad electoral interpretó las contribuciones de organizaciones como Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), señalando que fueron presentadas como aportes por encima de los topes, mientras que donaciones realizadas a campañas de sectores contrarios —provenientes de banqueros, corporaciones empresariales y otros actores de la élite económica— no habrían recibido el mismo tratamiento. “¿Por qué las donaciones de los sindicatos son consideradas sobretopes, si se hicieron conforme a la ley, y por qué las de los banqueros y empresarios no? Porque unos son pobres y otros son ricos; porque los ricos apoyan a la extrema derecha y los pobres apoyan al progresismo”, afirmó.
El fallo del CNE, emitido el jueves, concluyó que la campaña del hoy presidente excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos, además de recibir aportes no permitidos. Esta es la primera vez en la historia de Colombia que la autoridad electoral sanciona una campaña presidencial.
Como resultado, el organismo impuso multas superiores a 5.900 millones de pesos al gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; a la auditora María Lucy Soto y a la tesorera Lucy Aydée Mogollón. Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP) fueron sancionados individualmente con una multa de 583 millones de pesos.