Las horas posteriores a la agresión que terminó con la vida del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, han sido pieza central en la reconstrucción de los hechos que presentó la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González Castro, el segundo implicado en el caso. Testimonios de su jefe, declaraciones y videos de cámaras de seguridad permitieron establecer el rastro del joven luego del ataque ocurrido en la madrugada del 31 de octubre, en la zona rosa de Bogotá.
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Según la fiscal Elsa Cristina Reyes, González retomó su rutina laboral apenas un día después de la golpiza: el 1° de noviembre acudió a su puesto de trabajo en un food truck de San Victorino, en pleno centro de la capital. Allí trabajaba desde finales de 2024, de acuerdo con su empleador, identificado con las iniciales J. C. G. Ante los investigadores, el hombre aclaró que el joven había renunciado en febrero de 2025 por problemas derivados del consumo de alcohol, pero regresó semanas después.
Ese 1° de noviembre, González llegó aún con la ropa que vestía durante la noche del ataque: ropa negra y las orejas de conejo que usaba como disfraz. Según relató el jefe ante la Fiscalía, al finalizar la jornada, notó que el joven se encontraba alterado. “Me llamó llorando, con un celular en la mano. Me muestra una foto de tres personas que habían capturado por el caso del homicidio del estudiante de Los Andes y me dijo que él también estaba allí”, indicó el testigo.
González habría confesado entonces que sabía de la búsqueda de un cuarto agresor y que ese señalado era él. Aseguró que únicamente había “empujado” a la víctima. Más tarde, ese mismo día, le escribió a su jefe desde otro número y le dijo que se encontraba viajando.
La escena en San Victorino y un testimonio clave en caso de Jaime Esteban Moreno
Las cámaras de seguridad del sector confirmaron su presencia ese sábado. En los videos revelados por Noticias Caracol, González aparece instalando su puesto de venta de comidas y conversando con conocidos. Uno de ellos declaró que el joven mencionó haber tenido una pelea y presentaba raspaduras en manos y codo. Sin embargo, no sabía que Moreno había muerto. “Estaba inocente. Sabía que lo había dejado golpeado, pero no que había fallecido”, afirmó el testigo.
Después del mediodía, González desapareció del lugar. Minutos después, otra cámara registró al joven corriendo por la zona, lo que coincidió con lo dicho por su jefe: “Ya no estaba ahí, y me dijeron que la familia lo había llamado”.
“Ya se voló ese h.p.”: la pista de la mujer disfrazada
El 2 de noviembre, una nueva escena avivó la urgencia de su búsqueda. Una de las mujeres disfrazadas que aparece en los videos del ataque se presentó en el punto de comidas preguntando por él. “Llegó preguntando por Ricardo y yo le dije que ya no trabajaba conmigo. Ella respondió: ‘ya se voló ese H.P.’”, aseguró el empleador a la Fiscalía.
La mujer agregó que González estaba involucrado en el homicidio y que su novia también se había ido con él. Esa frase se convirtió en uno de los indicios que demostrarían que sí era consciente de la gravedad de su situación.
¿Huyó o buscó protección familiar?
El 3 de noviembre, el padre del joven se comunicó con el jefe para decirle que no tenía noticias de él. Mientras tanto, la defensa, representada por la abogada Marcela López, sostuvo en audiencia que su cliente no huyó, sino que se trasladó a Cartagena para buscar apoyo en su núcleo familiar.
“La conducta posterior es clave. ¿Qué hizo? Lloró. Sintió miedo. Y fue con su familia”, expresó la defensora. Insistió en que González se presentó voluntariamente ante la justicia apenas se enteró de la orden de captura.
La captura y los delitos imputados
La orden fue emitida el 7 de noviembre por el Juzgado 57 Penal Municipal. El 10 de noviembre, a las 7:10 a. m., González Castro llegó a la URI de Canapote en Cartagena junto a su abogada, donde el CTI hizo efectiva la detención.
La Fiscalía le imputó el delito de homicidio doloso agravado, con una posible condena entre 400 y 600 meses de prisión. El acusado no aceptó los cargos.