En horas de la mañana de este jueves, el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, llegó a la Corte Suprema de Justicia junto a su esposa y abogado, luego de que la Alta Corte le abriera una investigación a finales de agosto por presuntamente cometer el delito de concusión, cuando en 2010 habría exigido dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales, para que la Fiduprevisora desembolsara el pago de pensiones vitalicias y liquidaciones a docentes de Córdoba, de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.
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“Vengo a responder las emboscadas judiciales que cada ratico me hacen”, señaló Benedetti en medio de su ingreso a la Corte Suprema. “En su momento, dos o tres personas muy importantes del país me hicieron emboscadas judiciales, inventaron testigos y eso es lo que vengo a demostrar aquí”.
Tras la indagatoria encabeza del magistrado Francisco Javier Farfán, Benedetti dijo que “todo va bien” y que, según él, tres testigos se retractaron de las acusaciones.
Respecto a las presuntas promesas a la Fiduprevisora, dijo que “nunca ha habido un pago a unos maestros. Lo que ha habido son unos embargos. No hay pagos”.
Tras su salida de la Corte Suprema, Benedetti salió corriendo cuando le preguntaron sobre Laura Sarabia
En medio de las preguntas que respondió a la prensa, las investigaciones contra la hoy directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, no fueron ajenas.
Cuando un reportero le preguntó sobre ella, salió corriendo y no dio mayor respuesta alguna. “Yo no tengo que ver con esa vaina”.
Las otras investigaciones contra Benedetti
A esta investigación donde ya dio declaración en la Corte Suprema, se suma la indagación por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, luego de audios revelados por el mismo Benedetti donde habla con la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, del ingreso de 15.000 millones de pesos de forma irregular a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.
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Igualmente, contra el exembajador de Venezuela, reposan cuatro procesos abiertos en Fiscalía por enriquecimiento ilícito de servidor público, el cual avanza en etapa de investigació; interés indebido en la celebración de contratos- relacionados con el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo (Fonade)-.
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Asimismo, por delitos contra mecanismos de participación democrática, como financiar campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y o por parte de grupos paramilitares.