La captura del abogado Walter Francisco Martínez Martínez se convirtió en el primer gran golpe judicial dentro del escándalo de presunto contrabando y lavado de activos que salpica a empresas relacionadas con la reconocida marca de ropa femenina Lili Pink y revive antiguos vínculos con la firma Tierra Santa S.A.S.
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Una jueza de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el procesado, señalado por la Fiscalía General de la Nación como una de las piezas clave dentro de una estructura criminal que habría lavado más de 730.000 millones de pesos mediante operaciones fraudulentas relacionadas con el comercio textil en Colombia.
Caso Lili Pink: único capturado habría operado red de contrabando y lavado por más de $730 mil millones
Las investigaciones apuntan a una compleja red conformada por empresas importadoras, comercializadoras y sociedades fachada que, presuntamente, eran utilizadas para ingresar mercancía ilegal al país y posteriormente darle apariencia de legalidad dentro del sistema económico nacional.
Según la Fiscalía, el entramado habría operado durante más de diez años utilizando mecanismos contables, financieros y aduaneros diseñados para ocultar el origen ilícito de los recursos.
“Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que la organización orientó sus acciones a disimular controles aduaneros, simular relaciones comerciales y facilitar la incorporación del dinero al sistema económico formal”, revelaron fuentes judiciales.
Entre los productos que habrían ingresado irregularmente aparecen prendas de vestir, juguetes y cosméticos, mercancías que posteriormente eran distribuidas en distintos puntos comerciales del país.
La investigación es considerada una de las más grandes adelantadas en Colombia contra presuntas estructuras de contrabando asociadas al sector textil.
Las autoridades aseguraron que la red utilizó al menos siete empresas de papel para fragmentar operaciones financieras y dificultar la trazabilidad del dinero.
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Además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró decomisar mercancía avaluada en más de 54.000 millones de pesos durante los operativos relacionados con el caso.
“Los investigadores consideran que el volumen de mercancía incautada refleja la magnitud económica de las operaciones ilícitas que, presuntamente, impulsaron el crecimiento acelerado de algunas marcas desde 2014”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Dentro del expediente judicial, Walter Francisco Martínez aparece como representante legal de varias de las empresas utilizadas dentro del supuesto esquema criminal.
Según los documentos conocidos en la audiencia, el abogado habría participado presuntamente en la falsificación de facturas, registros contables y documentación comercial con el fin de aparentar legalidad en operaciones relacionadas con importaciones.
Uno de los detalles que más llamó la atención de las autoridades ocurrió apenas dos días antes de su captura.
“El abogado ingresó al registro de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para acreditarse como potencial administrador de bienes intervenidos por el Estado”, revelaron investigadores del caso.
Ese movimiento quedó registrado dentro de las labores de seguimiento adelantadas por las autoridades.
Martínez fue capturado el pasado 4 de mayo y posteriormente trasladado a una clínica en Barranquilla debido a complicaciones de salud. Desde ese centro médico participó de forma virtual en las audiencias judiciales durante cerca de dos semanas.
Aunque la jueza ordenó medida de aseguramiento en centro penitenciario, el procesado permanecerá bajo detención hospitalaria hasta recibir el alta médica y posteriormente será entregado al Inpec.
La Fiscalía también reveló que el entramado ilegal habría generado un enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos, además de operaciones de contrabando estimadas en más de 75.000 millones.
Uno de los hallazgos clave dentro de la investigación fue la creación de la empresa Moda Mundo Importaciones S.A.S., constituida en octubre de 2018 por Martínez Martínez como único socio y representante legal.
Inicialmente, la compañía registró sede en Barranquilla y posteriormente trasladó su domicilio a San Juan del Cesar, en La Guajira. Sin embargo, cuando las autoridades verificaron la dirección reportada en el Registro Único Tributario, encontraron que correspondía a un lote baldío.
Las investigaciones también dejaron al descubierto que varias personas registradas oficialmente como representantes legales de compañías vinculadas al esquema realmente ejercían labores completamente distintas.
“Los investigadores establecieron que algunos supuestos administradores en realidad trabajaban como conductores, auxiliares operativos o tesoreros”, indicaron fuentes judiciales.
El nombre de Walter Francisco Martínez también apareció relacionado con antecedentes empresariales investigados años atrás.
En 2012 actuó como presunto apoderado de Tierra Santa S.A.S., empresa vinculada al mismo grupo empresarial y cuyos propietarios fueron capturados junto a otras 19 personas en procesos adelantados por las autoridades, según informó el portal Infobae.
No obstante, en aquel momento el abogado no fue vinculado penalmente.
Ahora enfrenta imputaciones por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Durante las audiencias judiciales no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades anticiparon que este sería apenas el comienzo del proceso judicial.
“Fuentes del caso señalaron que en los próximos días podrían ejecutarse al menos seis capturas adicionales contra otros presuntos integrantes de la red”, indicaron investigadores.
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El caso continúa generando impacto dentro del sector comercial y empresarial colombiano, especialmente por los presuntos vínculos de la estructura con marcas ampliamente reconocidas en el mercado nacional.