Un juez en Barranquilla ordenó arresto de diez días contra directivos de la Nueva EPS, en un caso que pone en evidencia la crisis del sistema de salud en Colombia. La decisión judicial sanciona a Eudes del Carmen Cueto Angulo, en su calidad de gerente regional en salud, y a Juan Carlos Fontalvo Gamarra, como gerente regional norte, quienes además deberán pagar una multa de cinco salarios mínimos mensuales.
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El fallo establece que los sancionados deberán cumplir la medida en un centro penitenciario o en el lugar que determine el Inpec, entidad encargada de garantizar la seguridad y custodia de los arrestados. Asimismo, se fijó un plazo de diez días hábiles para cancelar la multa, la cual deberá ser certificada ante el juzgado.
Crisis en Nueva EPS: ordenan arresto de directivos, pero su paradero genera incertidumbre
No obstante, la ejecución de la orden presenta complicaciones. Según el reporte oficial, cuando la Policía acudió a las oficinas de la Nueva EPS, los funcionarios no fueron encontrados. En el lugar, el asesor jurídico informó que Cueto Angulo se encuentra incapacitada, sin ofrecer mayores detalles, mientras que Fontalvo Gamarra fue trasladado a Bogotá desde diciembre de 2025 y ya no labora en esa sede.
Ante este escenario, la orden de arresto permanece vigente, a la espera de que el juzgado determine nuevas acciones o actualice la medida frente a los responsables actuales. Este hecho ha generado preocupación, no solo por el incumplimiento de la orden, sino por lo que refleja sobre la gestión administrativa de las EPS.
El caso ocurre en medio de un panorama crítico. La Nueva EPS, la más grande del país con más de 10,8 millones de afiliados, enfrenta una grave crisis financiera. Su deuda creció cerca de un 198% entre 2022 y 2025, pasando de 5,42 billones a más de 21 billones de pesos, mientras su patrimonio se mantiene en cifras negativas.
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Además, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posible liquidación de varias EPS intervenidas, entre ellas Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca, lo que impactaría a cerca de 23 millones de colombianos, equivalente al 43% de la población.
Expertos advierten que este escenario podría desencadenar una crisis en la atención médica, con congestión en hospitales, retrasos en tratamientos, fallas en la entrega de medicamentos y aumento en las quejas de usuarios, que ya han crecido significativamente.
El Gobierno ha señalado que la problemática no solo responde a falta de recursos, sino también a fallas en la administración y presuntos manejos indebidos de fondos. En ese contexto, se evalúan medidas para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en entidades donde el Estado tiene participación.
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Así, el caso en Barranquilla no solo evidencia un incumplimiento judicial, sino que se convierte en un reflejo de la profunda transformación y los desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano, en un momento marcado por la incertidumbre y la urgencia de soluciones estructurales.