Una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación encendió el debate sobre la contratación pública en el Magdalena. El representante a la Cámara Hernando Guida Ponce radicó un documento en el que advierte que entre 2022 y 2025 se habrían celebrado contratos prácticamente idénticos, adjudicados a la Fundación de Educación Superior San José, con estructuras técnicas, financieras y administrativas casi iguales.
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Según el congresista, los procesos contractuales presentarían un esquema repetido que habría sido “copiado y pegado”, cambiando únicamente el nombre del objeto contractual. El señalamiento se centra en el contrato CA-ESAL-008-2025, por 13.714 millones de pesos, suscrito durante la administración del exgobernador Rafael Martínez y ejecutado bajo la administración encargada de Ingris Padilla.
Señalan millonarios contratos repetidos en el Magdalena entre 2022 y 2025
De acuerdo con la denuncia, el contrato de 2025 guarda una similitud marcada con el contrato PS-0672-2022, celebrado durante la gobernación de Carlos Caicedo. Para Guida Ponce, la coincidencia en la matriz técnica y financiera sería tan evidente que daría la impresión de tratarse del mismo modelo reutilizado. En su escrito, el representante comparó la situación con tomar un contrato diseñado para un fin específico y reciclarlo para otro programa cambiando únicamente el rótulo.
El documento también menciona la participación de exfuncionarios como el entonces secretario de Educación Yesid González, la exjefe de Contratación Jenny Camacho y el exjefe jurídico Jaime Bernal, quienes habrían intervenido en las etapas relacionadas con la estructuración y ejecución del contrato más reciente.
Uno de los puntos que más llama la atención en la denuncia es que ambos contratos habrían compartido la misma estructura técnica y financiera, incluso con la firma por delegación de la misma funcionaria. Para el denunciante, esto podría evidenciar una falta de renovación real del objeto contractual y un posible direccionamiento en la selección del contratista.
Además, el representante puso bajo la lupa varios aspectos específicos del proceso de 2025. Entre ellos, la elección de una propuesta de mayor valor pese a que existían otras que cumplían los requisitos establecidos; el incremento significativo en el costo unitario de los kits pedagógicos, que habrían pasado de aproximadamente $35.300 en 2022 a más de $310.000 en 2025, sin que se evidencien cambios sustanciales en su contenido; y los elevados gastos en divulgación y publicidad, a pesar de que la cobertura de beneficiarios en 2025 habría sido menor que en el contrato anterior.
Para Guida Ponce, estas similitudes estructurales ameritan una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía, con el fin de determinar si se configuraron irregularidades en contratación estatal, un eventual detrimento patrimonial o posibles favoritismos en la destinación de recursos públicos orientados a programas sociales.
Ahora será el ente investigador el encargado de analizar la documentación aportada y definir si abre una investigación formal. El caso vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en la gestión de recursos públicos y el control sobre los procesos contractuales en el departamento del Magdalena, en un contexto en el que la vigilancia ciudadana y el control institucional resultan determinantes para garantizar el buen uso del erario.