El juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz, decidió no imponer medida de aseguramiento domiciliaria contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta un proceso penal tras ser imputado por cinco delitos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Le puede interesar:Hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie se pronuncia por el escándalo de subsidio que recibió como “pequeño productor”
La determinación judicial fue adoptada al cierre de una extensa audiencia, en la que el togado concluyó que, si bien existen elementos que permiten inferir una posible conducta delictiva en algunos cargos, no se configuran los requisitos legales para ordenar una medida privativa de la libertad. Esta decisión fue apelada tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la defensa, representada por el abogado Alejandro Carranza, por lo que el caso pasará a una instancia superior.
Caso Nicolás Petro: juez descarta riesgo de fuga y rechaza enviarlo a detención domiciliaria
Durante su intervención, el juez Ortiz explicó que encontró inferencia razonable únicamente en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. En contraste, consideró que no existen suficientes elementos probatorios, en esta etapa procesal, para sustentar los cargos de tráfico de influencia de particular, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Uno de los argumentos centrales para negar la medida de aseguramiento fue la ausencia de riesgo de obstrucción a la justicia o de fuga. El juez resaltó que, pese a los más de tres años de líos judiciales, Nicolás Petro no ha salido del país, aun cuando es hijo del presidente de la República, un factor que, según el despacho, demuestra su disposición a comparecer ante las autoridades.
En la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía, a través de la fiscal Lucy Marcela Laborde, sostuvo que el exdiputado, presuntamente junto con su expareja Daysuris Vásquez, se habría apropiado de recursos públicos provenientes de la Gobernación del Atlántico, los cuales fueron transferidos a la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Según el ente acusador, Petro Burgos tendría influencia directa en dicha fundación.
De acuerdo con la investigación, la Gobernación habría girado 400 millones de pesos a Fucoso para capacitaciones y atención a personas de la tercera edad en varios municipios del Atlántico. No obstante, la Fiscalía afirma que solo 200 millones de pesos se habrían destinado al objeto contractual, mientras que el 50 % restante habría sido desviado y repartido entre Nicolás Petro, Daysuris Vásquez y el representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa.
Adicionalmente, el ente acusador señaló que el exdiputado habría falsificado documentos con el fin de alterar su declaración de renta ante la Dian, buscando ocultar el origen de los recursos presuntamente apropiados.
Este proceso judicial avanza de manera paralela a otro que cursa en un despacho diferente, donde Nicolás Petro es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, hechos que habrían ocurrido durante la época en que su padre era candidato presidencial.
Mientras se resuelven las apelaciones presentadas, el caso continúa su curso en medio de un alto interés público y político, al tratarse de uno de los procesos judiciales más sensibles y mediáticos de los últimos años en Colombia.