La Corte Constitucional tomó una decisión que involucra directamente a uno de sus integrantes. Por unanimidad, la Sala Plena ordenó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar rectificar las declaraciones en las que aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte de Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de su hijo mayor, Jorge Enrique Ibáñez Robles.
La determinación quedó consignada en la Sentencia SU-367 de 2026, conocida el miércoles 11 de noviembre, con la que el alto tribunal protegió los derechos fundamentales de la mujer y de su hijo.
La controversia comenzó después de una investigación periodística sobre un proceso de paternidad que se remonta a varias décadas. En medio de las preguntas sobre ese caso, Ibáñez realizó afirmaciones contra la madre de su hijo que terminaron siendo examinadas por la justicia.
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La historia de paternidad que llegó hasta la Corte Constitucional
El origen del caso se remonta a 1982, año en el que nació Jorge Enrique Ibáñez Robles, hijo mayor del magistrado.
Según una investigación del medio CasaMacondo, el hijo inició un proceso judicial para obtener el reconocimiento de su paternidad. Finalmente, en mayo de 2004, un juzgado de familia de Ibagué declaró a Jorge Enrique Ibáñez Najar como su padre.
Años después, cuando intentó consultar el expediente para adelantar trámites relacionados con su apellido, se encontró con que los documentos del proceso no aparecían.
El caso fue investigado por periodistas de CasaMacondo, quienes entrevistaron al magistrado en agosto de 2025 para conocer su versión sobre la controversia familiar.
Durante esa conversación, Ibáñez aseguró que su hijo había sido concebido como consecuencia de una situación en la que, según él, pudo haber sido víctima de abuso sexual por parte de la madre.
La mujer rechazó esos señalamientos y, junto con su hijo, acudió a la acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos.
La grave acusación del magistrado contra la madre de su hijo
En la entrevista concedida a CasaMacondo, el magistrado aseguró que su paternidad se había originado en circunstancias que consideraba irregulares.
“Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, fui víctima de abuso sexual por parte de una señora”, manifestó entonces.
También planteó la posibilidad de haber quedado en una situación de indefensión durante un encuentro con la mujer.
Las declaraciones fueron cuestionadas por Yolanda Robles, quien sostuvo que afectaban su honra y su buen nombre.
En diciembre de 2025, un juzgado de Neiva ordenó al magistrado retractarse o rectificar sus afirmaciones. Posteriormente, Ibáñez publicó una aclaración en la que reconoció que no contaba con elementos probatorios para respaldar esa acusación.
Sin embargo, el conflicto judicial continuó hasta llegar a la Sala Plena de la Corte Constitucional.
La orden que Jorge Enrique Ibáñez deberá cumplir en tres días
La Sentencia SU-367 de 2026 estableció que el magistrado deberá rectificar sus declaraciones dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión.
La Corte precisó que el pronunciamiento deberá realizarse en primera persona y reconocer su responsabilidad por las manifestaciones carentes de sustento.
Además, no podrá atribuir la vulneración de derechos al medio CasaMacondo ni cuestionar los métodos periodísticos empleados durante la investigación.
La rectificación deberá enviarse al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva y al medio que publicó la entrevista.
Una vez recibida, CasaMacondo tendrá otros tres días para difundirla en su página web y redes sociales, con condiciones de visibilidad equivalentes a las del artículo original.
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La Corte también protegió los derechos del hijo del magistrado
La decisión no se limitó a las declaraciones contra Yolanda Robles.
El alto tribunal también protegió los derechos a la honra y la intimidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles, quien había acudido a la justicia junto con su madre.
En el caso de la mujer, la Corte amparó adicionalmente su derecho a una vida libre de violencias y dispuso que la Defensoría del Pueblo le ofrezca orientación sobre posibles medidas de protección, siempre que ella lo consienta.
Por otra parte, los magistrados revocaron las órdenes judiciales anteriores que obligaban a CasaMacondo a retirar sus publicaciones y le imponían restricciones sobre contenidos futuros.
Con esta determinación, la Corte respaldó la protección de los derechos de los afectados sin mantener las medidas que limitaban la divulgación de la investigación periodística.
El fallo deja una conclusión importante: las declaraciones de un funcionario judicial, incluso cuando se refieren a asuntos de su vida personal, pueden ser objeto de control constitucional cuando vulneran derechos fundamentales de otras personas.