La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay sumó un nuevo capítulo este miércoles 11 de noviembre de 2026. La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa relacionada con Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, dos exintegrantes de las Farc cuyos nombres fueron mencionados en señalamientos sobre el crimen del exsenador y precandidato presidencial.
La información fue confirmada públicamente por Julián Gallo, exsenador del partido Comunes y antiguo integrante de las Farc, quien explicó que el alto tribunal inició una actuación preliminar después de recibir información relacionada con las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay.
Según Caracol Radio, la noticia surge en medio de las investigaciones para identificar a todos los responsables del atentado perpetrado contra el dirigente político el 7 de junio de 2025 en Bogotá, que provocó su muerte el 11 de agosto de ese mismo año.
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¿Por qué la Corte Suprema abrió una indagación contra Sandra Ramírez y alias ‘Calarcá’?
Según explicó Julián Gallo, la actuación judicial se conoció después de que los abogados de los exintegrantes de Comunes recibieran una respuesta de la Corte Suprema.
“La semana pasada la Corte respondió a los abogados que asumieron ese proceso que estaba iniciando una indagación sobre Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez, pero es como una investigación preliminar”, manifestó Gallo.
El excongresista indicó que el procedimiento estaría relacionado con los señalamientos realizados por María Claudia Tarazona sobre posibles vínculos de antiguos integrantes de las Farc con el asesinato de su esposo.
Sin embargo, Gallo rechazó que miembros de la antigua bancada de Comunes hubieran participado en el crimen.
“Absolutamente, ningún integrante de la bancada de Comunes tuvo que ver en ese homicidio”, aseguró.
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Los señalamientos de María Claudia Tarazona que llegaron a la justicia
El nuevo movimiento judicial tiene como antecedente la información entregada por la representación de víctimas dentro de la investigación por el asesinato de Miguel Uribe.
El pasado 21 de octubre, Caracol Radio informó que la Fiscalía General de la Nación había compulsado copias ante la Corte Suprema para examinar posibles responsabilidades de antiguos congresistas del partido Comunes.
Entre los nombres mencionados estaban Sandra Ramírez, Luis Alberto Albán, Julián Gallo y otros exintegrantes de esa colectividad.
Las actuaciones surgieron después de que María Claudia Tarazona planteara interrogantes sobre posibles conexiones entre antiguos miembros de las Farc y la planeación del atentado.
La JEP también pidió información sobre Sandra Ramírez
La situación de Sandra Ramírez tiene una implicación adicional debido a su condición de compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El despacho de la magistrada Lily Andrea Rueda, que adelanta actuaciones relacionadas con el reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de las antiguas Farc, solicitó información a la Corte Suprema sobre la posible existencia de investigaciones que involucren a Ramírez en el magnicidio.
La JEP pidió que el alto tribunal respondiera en un plazo de tres días hábiles y precisara si la exsenadora aparece incluida en las actuaciones remitidas por la Fiscalía.
La solicitud tiene como propósito verificar el cumplimiento de las obligaciones que Ramírez asumió ante la justicia transicional, entre ellas contribuir a la verdad y no cometer nuevos delitos.
¿Qué sigue en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe?
Con la apertura de esta indagación, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema deberá examinar la información recibida y establecer si existen elementos que justifiquen avanzar en las actuaciones judiciales.
Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer quiénes participaron en la planeación, financiación y ejecución del atentado contra Miguel Uribe Turbay.
El nuevo capítulo judicial genera interrogantes sobre los posibles vínculos mencionados por la representación de víctimas, pero todavía no establece responsabilidad penal de Sandra Ramírez ni de alias ‘Marcos Calarcá’.
La investigación deberá determinar si existen pruebas que permitan avanzar más allá de esta etapa preliminar.