Al parecer un paro cardiorrespiratorio en pleno quirófano fue lo que apagó la vida de Paula Andrea Beltrán Sandoval, una ciudadana de 41 años que viajó desde Nueva York hasta la capital de Antioquia con el único propósito de someterse a una cirugía de extracción de biopolímeros en los glúteos. El deceso ocurrió una hora y diez minutos después de iniciarse la intervención médica en las instalaciones de la Torre Médica El Tesoro, ubicada en el exclusivo sector de El Poblado.
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La paciente, según reportes preliminares recopilados por las autoridades judiciales locales, no presentaba patologías previas registradas ni antecedentes médicos que advirtieran una complicación de tal magnitud. El equipo médico encargado del procedimiento ejecutó maniobras de reanimación avanzadas inmediatamente después de la alerta del paro cardíaco; sin embargo, las maniobras resultaron infructuosas y se confirmó el fallecimiento en el sitio.
El costo del procedimiento y los primeros peritajes forenses
La investigación preliminar del caso señala que Beltrán Sandoval coordinó y programó toda la logística de la operación directamente desde los Estados Unidos semanas atrás. De igual forma, las indagaciones iniciales apuntan a que la intervención quirúrgica tuvo un costo financiero cercano a los 38 millones de pesos, una tarifa recurrente en el mercado de la medicina estética especializada en la ciudad.
El cuerpo de la mujer fue trasladado de inmediato por las unidades de criminalística de la Fiscalía General de la Nación hacia las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Serán los peritos forenses quienes determinen técnicamente, mediante la respectiva necropsia, la causa exacta de la falla cardíaca y descarten posibles irregularidades en la administración de medicamentos o procedimientos invasivos.
Inspección a los protocolos sanitarios en El Poblado
A raíz de este suceso, las autoridades sanitarias de Medellín y la Seccional de Salud de Antioquia iniciaron una revisión integral de la documentación del centro estético. El foco de la auditoría estatal está concentrado en certificar si el quirófano de la Torre Médica El Tesoro cumplía rigurosamente con los protocolos de habilitación y si el personal profesional a cargo contaba con las credenciales y la especialización exigidas por la normativa colombiana vigente.
Cabe recordar que en el país rige la Ley 2316 de 2023, la cual penaliza el uso de sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas (biopolímeros) y exige la publicación de registros públicos obligatorios para que los usuarios verifiquen la idoneidad legal de clínicas y cirujanos antes de ingresar a un quirófano.
El fantasma de la desprotección a pacientes extranjeros
Este fallecimiento en Medellín revive la profunda preocupación sectorial por la seguridad médica de pacientes nacionales como internacionales que llegan al país atraídos por la reputación médica y los costos competitivos. En los últimso meses ha resonado el precedente complejo del panorama nacional, como la muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, ocurrida en Bogotá en el mes de mayo, tras someterse a un procedimiento en un establecimiento clandestino que operaba sin permisos sanitarios y cuyo cuerpo fue hallado abandonado en una vía pública de Cundinamarca.
Aunque son expedientes penalmente independientes y con contextos logísticos distintos, la recurrencia de desenlaces fatales mantiene en alerta máxima a las agremiaciones médicas. Asimismo, la seccional judicial enfatizó que el caso de Beltrán Sandoval se encuentra bajo estricta presunción de legalidad médica hasta que Medicina Legal no dictamine lo contrario, concentrando los esfuerzos institucionales en blindar los canales de información al consumidor frente al riesgo de cirugías de alta complejidad.