La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió oficialmente una investigación formal y ordenó la vinculación, mediante indagatoria, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, reconocido como actor popular dentro del proceso, confirmó este 19 de junio de 2026 la notificación del auto que reactiva uno de los expedientes judiciales más delicados del país, marcando un hito judicial esperado por años.
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La citación de la Fiscalía responde a la presunta participación del expresidente en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el documento oficial expedido por Cepeda y el abogado Óscar Eduardo Ramírez Puerta, los cargos específicos sobre los que deberá rendir explicaciones son concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida.
El ente acusador concentra su línea de investigación en determinar si Uribe facilitó y promovió el accionar de este grupo armado ilegal, el cual, según reposa en los expedientes judiciales, habría utilizado la hacienda Guacharacas como su base de operaciones central durante la década de los noventa. Este desarrollo judicial se desprende directamente de una denuncia radicada por el propio Cepeda en abril de 2012, en la que también vinculó a Santiago Uribe, Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao.
Un expediente blindado como lesa humanidad
Las actuaciones que asume la Fiscalía se rigen bajo la Ley 600 y agrupan episodios que desangraron al departamento de Antioquia mientras Uribe ejercía como gobernador. La justicia investiga el grado de responsabilidad en masacres paramilitares que marcaron la historia de Colombia: San Roque (1996), La Granja (1996) y El Aro (1997). Además, se incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, acribillado en Medellín en febrero de 1998 tras denunciar reiteradamente la connivencia entre grupos de autodefensa y militares de la Cuarta Brigada del Ejército.
Este expediente cuenta con un peso jurídico internacional y nacional ineludible. En mayo de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró estos crímenes como de lesa humanidad. Asimismo en el documento del candidato del Pacto, evidencia las sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2006 y 2008 ya habían condenado al Estado colombiano por vulnerar el derecho a la vida y libertad de los pobladores ejecutados, señalando la inoperancia y falta de oposición de la fuerza pública durante las incursiones paramilitares.
La lucha de las víctimas frente a la impunidad
Para los representantes de las víctimas, la decisión de llevar a indagatoria al expresidente representa una luz frente a décadas de estancamiento procesal. En su comunicado oficial, Cepeda advierte que, salvo contadas excepciones como la condena a los hermanos Angulo Osorio en el caso de Valle Jaramillo, los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes de guerra siguen sin ser identificados plenamente ni judicializados.
“Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas y la sociedad puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”, enfatizaron los apoderados en el documento.
Mientras las víctimas ven un avance hacia la verdad, el expresidente Uribe ha rechazado tajantemente el llamado. A través de su cuenta de X, anticipó la noticia calificando la citación como una “injusticia de clara presión política”, cuestionando a la fiscal del caso y asegurando que se le lleva al proceso directamente para condenarlo.
