El caso del ciudadano estadounidense señalado en redes sociales por un presunto abuso sexual contra un menor en el norte de Bogotá tuvo un giro importante luego de que las primeras verificaciones conocidas no respaldaran la acusación inicial. Sin embargo, más allá de la discusión pública alrededor del extranjero, el punto central ahora está en qué pasará con los menores que estaban en medio de un proceso de adopción.
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El hecho ocurrió el domingo 14 de junio en el sector de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, después de que vecinos grabaran una escena en un balcón y alertaran a las autoridades por lo que inicialmente interpretaron como un caso de abuso sexual. Luego de la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, los menores fueron acompañados por un equipo de Defensoría de Familia y trasladados a valoración médica.
Horas después, el caso empezó a tomar otro rumbo. De acuerdo con reportes preliminares citados por ese medio, las imágenes habrían sido malinterpretadas y el ciudadano estadounidense, quien llegó al país junto con su pareja con la intención de adoptar a tres menores, habría salido al balcón para auxiliar a uno de ellos. El presidente Gustavo Petro también se refirió al caso y aseguró que las primeras pesquisas apuntaban a que el hombre no habría cometido el abuso señalado inicialmente.
¿El proceso de adopción de los menores continuará?
En entrevista con Blu Radio, el abogado de la familia adoptante, Fabio Márquez, aseguró que el trámite continuará pese a lo ocurrido. Al ser preguntado directamente por la emisora sobre si la adopción seguía en pie, el penalista respondió: “Sí señor”, y destacó lo que calificó como “el corazón tan grande de esa familia”.
Márquez también defendió la rigurosidad de la adopción internacional en Colombia. Según explicó, no se trata de un trámite simple ni inmediato, sino de una ruta con múltiples filtros institucionales. En sus palabras, es un proceso “tan exigente como el que usted se imagine” y con controles que, para el caso de solicitantes extranjeros, incluyen verificaciones en su país de origen.
El abogado puso como ejemplo el caso de ciudadanos estadounidenses y explicó que, en estos trámites, “se le pide incluso al FBI, en los Estados Unidos, que certifique los antecedentes y el comportamiento de ese ciudadano allá”. Con esto, la defensa buscó insistir en que la familia ya venía de una ruta institucional previa y no de un contacto informal con los menores.
No obstante, esa continuidad debe entenderse dentro de las rutas correspondientes. En Colombia, los procesos de adopción no dependen únicamente de la voluntad de los solicitantes, sino de verificaciones de idoneidad, acompañamiento psicosocial y decisiones orientadas por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
La protección de los menores, por encima del ruido público
El caso también abrió una discusión sobre la exposición de niños, niñas y adolescentes en redes sociales. Aunque la denuncia ciudadana activó una respuesta institucional, la difusión masiva de imágenes y señalamientos terminó poniendo a los menores en el centro de una conversación pública que puede afectar su intimidad y su estabilidad emocional.
Por ahora, el proceso de adopción seguiría, según la defensa, pero cualquier decisión definitiva deberá pasar por las autoridades competentes. En medio de versiones, videos y reacciones políticas, el principio que debe orientar el caso sigue siendo el mismo: proteger a los menores y evitar que una situación judicial o mediática termine vulnerando nuevamente sus derechos.