Los generales en retiro del Ejército Nacional Francisco José Ardila Uribe y Carlos Ovidio Saavedra reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante las víctimas su responsabilidad en múltiples asesinatos y desapariciones forzadas. En el espacio también comparecieron otros 25 militares que admitieron sus culpas ante las familias de las víctimas.
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“Nada de lo que diga hoy devolverá a sus seres queridos. Nada reparará completamente el dolor causado, pero sí tengo el deber de reconocer que estos crímenes ocurrieron porque incumplí mi deber de mando y permití que una estructura criminal continuara operando dentro de una unidad bajo mi mando”, sostuvo el general (r) Saavedra durante el comienzo de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el departamento del Meta.
Estas palabras las pronunció, además, frente a 80 víctimas que acudieron al espacio para escuchar a los militares. No solo los señalan de desaparecer a decenas de personas, sino también de presentarlas como bajas en combate en el marco del tristemente célebre caso de los falsos positivos.
De acuerdo con la JEP, solo en el Meta han documentado cerca de 209 asesinatos entre los años 2002 y 2007. Quizás uno de los detalles más graves es que del total de las víctimas 10 eran menores de edad.
“Durante su intervención, el señor Saavedra reconoció que ejerció presión sobre los comandantes para incrementar las bajas y admitió haber utilizado expresiones que transmitían el mensaje de acudir a estructuras paramilitares para producir resultados. A solicitud del presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, relator del Subcaso Meta del Caso 03, el general en retiro explicó cómo funcionaba la presión institucional”, puntualizó la JEP en un comunicado de prensa publicado este 11 de junio.
El modus operandi de los falsos positivos en el Meta
El general (r) Saavedra advirtió que el sistema de la institución estimulaba a los militares para que entregaran resultados operacionales. Con frecuencia, hacían una especie de ranking entre los uniformados con mejores resultados.
El también general en retiro José Ardila también reconoció su responsabilidad en estos hechos. “Reconozco que fallé en el ejercicio de mis funciones de mando, dirección, control operacional y disciplinario como comandante de la Séptima Brigada. Esa falla permitió la comisión de operaciones ilegales por parte de unidades bajo mi mando, en las que personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate”, advirtió durante una intervención, citada por la JEP.
Esa jurisdicción sostuvo que, por petición de las víctimas, el antiguo uniformado también tuvo que advertir que las personas que fueron asesinadas no eran parte de ninguna organización armada.
“Las personas que fueron asesinadas no eran combatientes. Eran civiles, con proyectos de vida, familias, sueños y aspiraciones, a quienes estigmatizamos como delincuentes”, puntualizó Ardila.
De acuerdo con las declaraciones del magistrado Óscar Parra, en total han sido ocho los generales que han reconocido que en el Ejército se cometieron crímenes graves.
“Ese reconocimiento de los altos mandos es muy importante para el país, porque es un mensaje a sus compañeros y a los subordinados (...). Estos mensajes se tienen que escuchar una y otra vez en las escuelas de formación militar para que no se vuelvan a cometer”, indicó el magistrado de la JEP.
El tribunal de paz recordó que en noviembre del año pasado, los dos generales, 25 militares retirados y otros tres antiguos miembros de la Fuerza Pública fueron imputados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos contemplados en el Código Penal colombiano.
“La decisión se sustentó en pruebas recabadas sobre su participación en un plan criminal orientado a presentar como resultados operacionales homicidios que, en realidad, fueron perpetrados en combates simulados. El propósito era generar una falsa sensación de seguridad, obtener beneficios profesionales y fortalecer la legitimidad institucional”, concluyó la JEP.