Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro reaccionó al auto firmado por la representante Gloria Elena Arizabaleta y elevó la controversia a un terreno penal, al asegurar que pedirá a sus ministros declarar ante la Corte Suprema sobre las supuestas peticiones que, según él, habría hecho la congresista.
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La respuesta de Petro se da después de que Arizabaleta expidiera el Auto de Sustanciación No. 002, fechado el 10 de junio de 2026, dentro del expediente 7525, en el que ordenó “suspender provisionalmente” del ejercicio del cargo al presidente por una presunta falta disciplinaria relacionada con intervención en política.
Petro dijo que no está suspendido
En la declaración, cuya transcripción fue compartida por la periodista, Petro aseguró que la medida no tendría efectos inmediatos y que el trámite aún debería pasar por una votación posterior.
“Hasta donde yo sé, no han pedido mi suspensión. (...) se ha pedido ante la Comisión que se suspenda. Eso necesita una votación posterior. Estamos en la primera fase. Es decir que no están hablando ante un presidente suspendido, como fue la primera intención comunicacional”, afirmó el mandatario.
La frase apunta al centro de la polémica jurídica que ha rodeado el auto: si la Comisión de Acusación, o una representante investigadora, tiene competencia para suspender al presidente de la República o si, por el contrario, esa facultad solo podría surtirse dentro del trámite constitucional ante el Congreso.
El choque por quién puede suspender a un presidente
Petro también cuestionó la competencia de la Comisión de Acusación para adoptar una medida de ese tipo. Según dijo, en su opinión y en la de “muchas personas doctas en las leyes de Colombia”, esa comisión no puede suspender a un presidente porque pertenece solo a una de las cámaras del Congreso.
“Al Congreso de Colombia bicameral tiene que ser el Senado. Y entonces la pretensión es simplemente una pretensión que tendría que surtir todo el proceso”, sostuvo el mandatario.
Ese punto coincide con la tensión que el propio auto reconoce. En el documento, Arizabaleta fundamenta la suspensión provisional en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, pero también deja expresa constancia de una “tensión constitucional” frente al fuero presidencial y cita los artículos 175 y 199 de la Constitución, relacionados con el trámite especial contra el jefe de Estado.
Petro habló de una posible “extorsión”
El señalamiento más fuerte del presidente llegó cuando relacionó la decisión con supuestas peticiones que, según él, Arizabaleta habría hecho al Gobierno. Petro anunció que buscará que ministros y ministras que la hayan recibido declaren ante la Corte Suprema de Justicia.
“En cierta forma, en mi opinión, se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en el que los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones, que las hagan evidente”, dijo el presidente.
Petro aclaró que no considera irregular que un congresista haga solicitudes al Ejecutivo sobre asuntos de su región, pues, según su lectura, eso está protegido por la norma. Sin embargo, aseguró que el problema aparece cuando esas peticiones, en su criterio, se convierten en una presión indebida.
“Yo no soy de la tesis de que el congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma, pero cuando la vuelve una extorsión y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión”, señaló.
“Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar”
El presidente fue más allá y aseguró que la congresista habría solicitado asuntos a los que él no quiso acceder, aunque hace parte de su mismo sector político.
“Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así. Sé que es volver un gobierno criminal y otros han hecho lo mismo”, afirmó.
Por tratarse de una acusación grave, el señalamiento debe leerse como una afirmación del presidente y no como un hecho probado judicialmente. Hasta ahora, no se conoce una decisión de autoridad competente que establezca una responsabilidad penal de Arizabaleta por esos hechos.
Por ahora, lo verificado lo que se sabe es lo que se estableció en el auto existe y ordena la suspensión provisional del mandatario. Pero la respuesta de Petro dejó claro que el Gobierno no reconoce esa medida como una suspensión efectiva y que, además, buscará convertir el caso en una discusión penal por las supuestas presiones que el presidente atribuye a Arizabaleta.