La sorpresiva emisión del Auto de Sustanciación No. 002 por parte de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, provocó un terremoto político con reacciones totalmente inesperadas. En un giro que ha dejado desconcertados a miles de ciudadanos en redes sociales, la senadora del Centro Democrático y opositora del gobierno actual, María Fernanda Cabal, saltó a cuestionar con dureza el documento que busca apartar al mandatario de su cargo, una postura que muchos leen, a primera vista, como un sorpresivo beneficio directo hacia el jefe de Estado, pero es más desde su lucha desde la derecha.
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El polémico documento, firmado de manera de oficio por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral dentro del radicado 7525, ordena la separación inmediata y temporal de las funciones presidenciales y la pérdida de remuneración de Petro hasta el próximo 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., coincidiendo con el cierre de las urnas de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, Cabal frenó en seco la viabilidad de la medida.
¿Salvavidas o pura estrategia? Por qué Cabal rechaza tumbar a Petro
Lejos de celebrar la drástica medida cautelar contra el líder del Pacto Histórico, la senadora de oposición lanzó una fuerte advertencia sobre el peligro político que encierra este procedimiento. Según Cabal, la orden emitida por la célula legislativa carece de toda competencia legal y, en lugar de castigar al mandatario, terminará convirtiéndose en un blindaje y un motor de impulso para el Gobierno.
A través de un pronunciamiento directo, la congresista de la oposición manifestó textualmente:
“Muy grave esta decisión de una congresista del Pacto Histórico de Petro. La Comisión de Acusaciones no tiene esa competencia que parece más a favor para que Petro se victimice y arme un lío en el país. Solo el Senado puede decretar la suspensión”.
La aparente conveniencia hacia Petro por parte de Cabal responde en realidad a un frío cálculo político y jurídico: el temor de que el Ejecutivo utilice la orden como una bandera de persecución institucional a solo diez días de las elecciones presidenciales. Para la oposición, un error de esta formar supuestamente le regalaría a Petro la oportunidad perfecta para encender las calles bajo la narrativa de un golpe de Estado blando.
El blindaje del fuero y un trámite real que frena la ejecución
La advertencia de la senadora sobre la falta de competencias de la Comisión de Acusaciones coincide plenamente con los argumentos del propio ministro del Interior, Armando Benedetti. El jefe de la cartera política desestimó la validez inmediata del auto señalando que “no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción”, aclarando que una sola representante no posee dicha facultad institucional.
El propio texto de la providencia reconoce de fondo la inmensa “tensión constitucional” que plantea frente al fuero presidencial, citando los artículos 175 y 199 de la Carta Política.
En la práctica, la ejecución de la orden está completamente congelada. Para que la suspensión provisional sea efectiva, primero requiere el aval del triunvirato investigador (integrado también por Alirio Uribe y Wilmer Carrillo) y, posteriormente, la aprobación de los 18 representantes que integran el pleno de la Comisión de Acusaciones, un escenario empantanado por las profundas divisiones políticas del Congreso.
Aunque el auto ya fue notificado a la Presidencia y al Ministerio Público, la postura de Cabal deja claro que la oposición prefiere derrotar al Gobierno en las urnas antes que arriesgarse a una prematura e ilegal victimización del mandatario.