En un fallo que sienta un precedente contra la impunidad en casos de violencia machista en Antioquia, un juez de conocimiento dictó una condena de 40 años y un mes de prisión a Robeth Aquin, de 24 años, hallado penalmente responsable de agredir sexualmente a una adolescente de 15 años. La rigurosidad del material probatorio recaudado por las instancias judiciales y el inmediato allanamiento a los cargos por parte del victimario evitaron la revictimización de la menor de edad en un juicio oral prolongado, consolidando una sanción contundente frente a los delitos que vulneran de forma sistemática los derechos de las niñas y mujeres en el país.
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Los hechos, que evidencian las graves fallas en las garantías de seguridad para las mujeres, ocurrieron el pasado 30 de enero en el casco urbano de Girardota. De acuerdo con la investigación oficial adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el agresor ingresó de forma violenta a la residencia de la víctima utilizando un arma cortopunzante para neutralizar su capacidad de defensa. El ente acusador especificó textualmente en su boletín que “el hoy condenado ingresó a la vivienda de la víctima amenazándola de muerte con un cuchillo y la abusó sexualmente en varias oportunidades”, un modus operandi que expone la asimetría de fuerza y la violencia ejercida dentro del ámbito privado.
La reacción ante la alerta por violencia de género
La neutralización del agresor se dio gracias a la articulación de las redes de apoyo familiar y vecinal, que activaron inmediatamente los protocolos de emergencia ante el riesgo inminente en que se encontraba la adolescente. La oportuna denuncia ciudadana permitió que uniformados de la Policía Nacional ejecutaran un despliegue perimetral inmediato en el inmueble, contrarrestando el intento del sujeto de evadir la acción de la justicia sustrayéndose de la escena.
Los detalles técnicos de la captura revelados por el organismo de investigación penal confirmaron que el responsable del crimen “fue capturado por la Policía Nacional cuando se ocultaba en un tanque de almacenamiento de agua ubicado en el segundo piso del inmueble donde residía”. Este intento de ocultamiento evidencia la evasión de la responsabilidad penal tras la comisión de agresiones graves contra los derechos fundamentales y la integridad física y psicológica de la víctima menor de edad.
Sanción penal integral y articulación institucional especializada
La investigación del caso fue asumida bajo lineamientos técnicos especializados por un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). Esta dependencia aplicó un enfoque prioritario para garantizar la recolección de evidencias científicas y testimoniales sin someter a la víctima a dinámicas de confrontación de carácter perjudicial, un pilar fundamental del periodismo y la justicia con enfoque de género.
Ante la solidez del expediente institucional, Aquin Querales, de nacionalidad venezolana, aceptó los cargos durante la audiencia de formulación de acusación. El fallo condenatorio definitivo lo declaró culpable de los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y fuga de presos, un cargo adicional que demuestra que el victimario violaba previamente medidas restrictivas de la libertad. La sentencia ha quedado en firme, ordenando su reclusión inmediata en un establecimiento carcelario sin derecho a beneficios procesales, garantizando la justicia penal requerida en casos de violencia sexual contra menores de edad.