Al menos 87 propietarios y operadores de centros comerciales en Colombia solicitaron la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de los locales donde funcionan las marcas Lili Pink y Yoi. La avalancha de cancelaciones, que surge como reacción a la intervención estatal de la empresa Fast Moda S.A.S., amenaza con dejar sin empleo a cerca de 260 trabajadoras directas, de las cuales la gran mayoría son madres cabeza de familia.
>>>(Vea: Le enterró un cuchillo en el cuello a una estudiante por robarle el celular: vecinos alertan ataques similares)<<<
El conflicto escaló en las últimas horas a las vías de hecho. Diego Chávez, vicepresidente de Sociedades de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), denunció en diálogo con el programa 6 AM en Caracol Radio que varias administraciones de centros comerciales instalaron vallas en las entradas de los establecimientos para impedir el acceso del personal. Ante estos bloqueos físicos, la entidad gubernamental activó querellas y acciones policiales contra los empresarios que ordenaron el cierre intempestivo de las vitrinas.
¿Por qué los arrendadores buscan expulsar a la marca?
El ‘pánico’ comercial se desató luego de los operativos simultáneos ejecutados el pasado 27 de abril por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Durante esa redada, el Estado asumió la administración provisional de los bienes de Fast Moda S.A.S. en medio de una macroinvestigación penal por los presuntos delitos de contrabando, enriquecimiento ilícito y un esquema de lavado de activos cuya cuantía rondaría los 730.000 millones de pesos.
Esta incertidumbre jurídica motivó las 87 peticiones de restitución de inmuebles y generó otros 23 requerimientos formales exigiendo claridad sobre el alcance del proceso de extinción de dominio. Si las cancelaciones de arriendo se materializan, la marca perdería el 22 % de su presencia comercial a nivel nacional en cuestión de semanas.
Parálisis bancaria y ruptura con proveedores
La desconfianza del sector privado perforó de manera transversal la cadena de suministro de la compañía textil. Firmas de asesoría jurídica, operadores logísticos y entidades del sistema financiero congelaron de tajo la prestación de sus servicios argumentando riesgos de cumplimiento.
Actualmente, las tiendas que mantienen sus puertas abiertas operan casi exclusivamente con dinero en efectivo. Los bancos tradicionales frenaron el flujo de transacciones electrónicas ante el temor de contaminar sus operaciones legales con dineros bajo sospecha, lo que obligó a los administradores designados por el Estado a buscar canales alternativos de recaudo. Chávez confirmó que la empresa logró habilitar cobros digitales a través de plataformas de terceros como Adi y MercadoPago, mientras avanzan las negociaciones con la banca tradicional.
El plan para sostener la operación comercial
A través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), la SAE ejecuta un diagnóstico sobre el estado real de la empresa para garantizar que los establecimientos sigan facturando bajo estrictos estándares normativos y de transparencia.
Para blindar la estabilidad laboral, el Estado instaló mesas de trabajo con delegados del Ministerio del Trabajo. El objetivo de esta intervención temporal es evitar el colapso operativo de la compañía, mantener el flujo de caja necesario para pagar las nóminas y enviar un mensaje de tranquilidad a los operadores inmobiliarios. La SAE insiste en que las medidas cautelares aplicadas a los dueños originales no inhabilitan la venta lícita de los inventarios actuales, los cuales se encuentran bajo control, veeduría y administración directa del Estado.