Lo que sería una crisis territorial en la zona rural del municipio de Silvia, nororiente del Cauca, deja un saldo de al menos 10 personas muertas y más de 30 heridos. El conflicto por la tenencia y titulación de tierras, que involucra a comuneros Nasa Pitayó y Misak Guambía, obligó al despliegue de más de 120 uniformados del Ejército Nacional, quienes operan con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para frenar la alteración del orden público y proteger a la población civil.
El epicentro de la emergencia es el sector de La Ensillada, un predio de 600 hectáreas que históricamente ha estado vinculado al pueblo Misak. La disputa escaló tras recientes actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). De acuerdo con Tatiana Bachiller, exautoridad del cabildo Misak de Guambía, durante un proceso de clarificación de un título colonial, la ANT expidió resoluciones que el apueblo Nasa interpretó como una adjudicación legal a su favor, generando un choque directo por el control del territorio.
El saldo de víctimas fue confirmado inicialmente por la gobernadora misak, Mama Liliana Pechene Muelas. A la par, el cabildo del resguardo colonial de Guambía emitió un fuerte pronunciamiento en el que responsabiliza a la institucionalidad por la falta de garantías y atención oportuna. En el documento señalan que el Gobierno permitió la operación de cinco puntos de bloqueo sobre la vía pública durante meses sin intervenir: “El Estado firmó actas, instaló mesas de trabajo, recibió oficios, visitó el territorio y no hizo absolutamente nada. La inacción del Estado no es neutralidad: es complicidad activa”.
Puesto de Mando Unificado y directrices de seguridad
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU). El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez S., confirmó a través de sus canales oficiales la intervención táctica de la Vigésima Novena Brigada y calificó la situación desde la perspectiva gubernamental: “Ya tenemos tropa desplegada en el área rural de Silvia, Cauca, con el único objetivo de proteger la vida y restablecer la seguridad, alterada por los enfrentamientos absurdos entre dos comunidades indígenas caucanas”.
El ministro instó a las comunidades a recurrir a sus mecanismos de justicia y concertación, informando que el primer curso de acción gubernamental es la mediación a través de una delegación humanitaria compuesta por la Gobernación del Cauca, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Iglesia católica. Asimismo, Sánchez contextualizó la compleja situación de seguridad del departamento, recordando que en la región operan estructuras de disidencias dedicadas al reclutamiento, cuyo cabecilla, alias “David o mi Pez”, fue capturado recientemente por la Fuerza Pública.
Exigencia de cumplimiento a la Agencia Nacional de Tierras
En respuesta a la emergencia humanitaria, la Defensoría del Pueblo emitió un requerimiento urgente dirigido al Ministerio del Interior y a la ANT. El Ministerio Público exigió a estas entidades avanzar de manera inmediata en el cumplimiento de los compromisos territoriales pactados previamente con ambos pueblos.
Mientras las tropas mantienen los sobrevuelos y el control perimetral en Silvia, las autoridades de derechos humanos insisten en que las fallas de titulación y saneamiento de tierras por parte del Estado no pueden seguir derivando en violencia en los territorios, reiterando que el diálogo y la concertación propia deben prevalecer para salvaguardar la vida de los comuneros.