Un nuevo encontrón entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez se presenció este miércoles 20 de mayo, luego de que el actual jefe de Estado rompiera el silencio para denunciar una persecución, el exilio forzado de su núcleo familiar y el espionaje del DAS que sufrieron sus hijos menores tras los debates sobre el paramilitarismo en Antioquia.
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El fuerte pronunciamiento del mandatario surgió como respuesta directa a los recientes reclamos de Uribe, quien suspendió su agenda pública en Medellín argumentando “hostigamientos” por la pintura de un mural sobre falsos positivos en inmediaciones de su finca en Rionegro. Petro calificó la postura de la oposición como una “doble moral” frente a la libertad de expresión.
El quiebre económico y el destierro de la familia presidencial
A través de una extensa declaración pública, Petro mencionó episodios de violencia e intimidación que su círculo íntimo padeció durante el gobierno de Uribe, los cuales conectó directamente con sus debates de control político en el Congreso de la República. El mandatario detalló cómo el hostigamiento destruyó el sustento de sus parientes de forma sistemática:
“Hace años en el gobierno de Uribe pintaron la casa del jardín infantil de la que era propietaria mi hermana con una amenaza de bomba allí. Firmaban la AUC. Los padres de los niños y niñas retiraron sus hijos del jardín y éste quebró. Mi hermana tuvo con su hija que exilizarse, al igual que mi mamá y la hija de mi hermano. Eso sucedió cuando hice el debate contra el expresidente Uribe sobre el paramilitarismo en Antioquia”.
El jefe de Estado denunció además ataques recurrentes en su entorno residencial histórico en Cajicá, asegurando que le “envenenaron siete perros de manera consecutiva” y rompieron los vidrios de la vivienda materna. Recordó también que, en movilizaciones recientes organizadas por el Centro Democrático, manifestantes acudieron a su casa en Chía a gritar arengas, hechos ante los cuales, según afirmó, decidió mantener prudencia institucional hasta este momento.
Seguimientos del DAS y espionaje en el Liceo Francés
El núcleo de la réplica presidencial se centró en las decisiones de los tribunales locales, que previamente ratificaron el uso de los aparatos de inteligencia del Estado para perseguir a la oposición de la época. Petro recordó que estas acciones no corresponden a relatos individuales, sino a verdades jurídicas ya sancionadas por los jueces:
“Por confesiones judiciales, el DAS, adscrito a la presidencia de la república, intervino mis comunicaciones y la de mi padre, siguieron con agentes a mis hijas menores de edad y tomaron fotos de los salones donde estudiaban al interior del Liceo Francés. La justicia encontró ciertos los hechos y elevó a calidad de víctima a mi familia”.
El mandatario enfatizó que “toda mi familia quedó dispersa en el exilio” a raíz de su actividad legislativa contra las estructuras paramilitares, argumentando que, a diferencia de lo sufrido por los suyos, su Gobierno ha garantizado plenas garantías democráticas a la oposición uribista sin ejercer ningún tipo de retaliación oficial.
La controversia por el mural de los “falsos positivos” en Llano Grande
El detonante de este choque institucional fue la cancelación de la agenda política de Álvaro Uribe en Medellín, luego de que colectivos sociales pintaran una estructura pública con la cifra de 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El expresidente borró personalmente el grafiti acompañado de su esquema de seguridad, acusando al congresista electo Muriel y al senador y candidato presidencial Iván Cepeda de promover una “provocación de la violencia”. El Centro Democrático respaldó a su líder tildando el hecho como un “acto vandálico” que puso en riesgo la seguridad de la familia de Uribe.
Frente a esto, Petro defendió la legalidad del acto cultural y acusó censura por parte del exmandatario. “Lo que se ve en los vídeos sobre el tema del mural en Llano Grande es que se pintaron en vía pública y en fachada de un puente, las fachadas son públicas y el mural no mencionaba a Uribe ni a su familia”, puntualizó el presidente, concluyendo que la eliminación de la pintura constituye una afectación directa a la libre expresión en el país por hechos probados que constituyen un crimen contra la humanidad.