La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes expidió el Auto de Sustanciación No. 01 dentro del expediente procesal número 7282, ordenando la apertura de una indagación previa en contra del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. La justicia parlamentaria busca establecer si el mandatario incurrió en el delito de “financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”, una conducta contemplada de forma explícita en el artículo 396A del Código Penal colombiano.
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La célula legislativa, bajo la conducción de la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral, asumió formalmente el conocimiento de este caso después de acumular una serie de denuncias radicadas de oficio y por la Red de Veedurías de Colombia. El origen de la controversia jurídica se remonta a las explosivas declaraciones telefónicas de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, extraditado cabecilla de la banda delincuencial organizada ‘La Inmaculada’.
“Mucho dinero”: la supuesta ruta hacia la campaña de 2022
De acuerdo con las piezas procesales recopiladas en el expediente oficial, los audios que desataron la indagación exponen al jefe criminal afirmando de manera directa “haber entregado sumas de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano Juan Fernando Petro”. Asimismo, en las interceptaciones conocidas por las autoridades judiciales, Marín Silva alega poseer un arsenal de soportes físicos que validan la veracidad de sus encuentros y transacciones secretas, advirtiendo de forma expresa que contaría con “supuestas pruebas de los dineros entregados como videos, audios y soportes de consignaciones”.
No obstante, el alcance del auto revela que el dinero de origen ilícito no solo habría permeado la contienda por la Casa de Nariño en 2022. La Comisión de Acusación consignó un apartado que detalla otras supuestas presiones institucionales ejercidas por la organización criminal: “se indica que alias ‘Pipe Tuluá’ también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos”.
Cooperación en EE. UU. y la búsqueda de testimonios bajo juramento
Dado que ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado y permanece recluido en una prisión federal norteamericana, la representante Gloria Arizabaleta Corral determinó que su comparecencia formal es el pilar metodológico indispensable del proceso. El tribunal legislativo activará con urgencia canales diplomáticos e internacionales de asistencia mutua, fundamentando en el expediente que “su ubicación actual resulta indispensable para que la Comisión pueda promover, a través de los canales diplomáticos y judiciales correspondientes, la recepción de su declaración jurada o testimonio”.
En dicho procedimiento legal en el extranjero, las autoridades colombianas le exigirán al procesado responder a un cuestionario estricto de rendición de cuentas, ordenando textualmente que el criminal “precise si reconoce como suya la voz contenida en el audio divulgado, si ratifica o no las afirmaciones allí contenidas, cuánto dinero afirma haber entregado y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar por medio del cual hizo los presuntos pagos”.
De igual forma, la Cámara de Representantes emitió una orden oficial dirigida al Agregado Judicial de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Kristopher Jarvis, solicitando formalmente que las agencias federales de ese país “remitan las pruebas con que cuenten las autoridades de Estados Unidos de América respecto del señor Andrés Felipe Marín Silva alias ‘Pipe Tuluá’ y la presunta financiación a la campaña presidencial”.
Finalmente, para que el material de audio cuente con plena validez judicial dentro de las etapas posteriores del proceso, el despacho decretó la práctica inmediata de un peritaje técnico forense a cargo de expertos adscritos al CTI o a la DIJIN. Dicho análisis forense examinará si la grabación original presenta “modificaciones, manipulaciones, recortes, etc.” , y efectuará un riguroso cotejo acústico, bajo la premisa de que “sin esta verificación técnica, el audio no puede ser valorado con suficiencia para adoptar futuras decisiones”.