El presidente Gustavo Petro autorizó avanzar “de manera rápida” con el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en el marco de los procesos de paz que adelanta el Gobierno Nacional en distintos territorios priorizados del país.
Lea también: Póngase pilas: Colpensiones lanza jornada exprés para quienes deseen trasladarse de fondo privado
La decisión fue dada a conocer tras una reunión entre el mandatario, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno encargados de las negociaciones y acercamientos con estructuras armadas ilegales.
Según informó la Presidencia de la República en un comunicado oficial, durante el encuentro se presentó un balance sobre los avances, logros y dificultades de cada uno de los procesos de paz que actualmente se desarrollan bajo la política de “Paz Total”.
En medio de la reunión, el Gobierno reiteró que la dirección de la política de paz y del orden público corresponde exclusivamente al presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, tal como lo establece la Constitución Política y la Ley 2272 de 2022.
Uno de los puntos más relevantes de la decisión es que, en una primera fase de implementación de las Zonas de Ubicación Temporal, no podrán ingresar personas que tengan órdenes de captura vigentes con fines de extradición.
No obstante, la Presidencia aclaró que esta situación podrá ser evaluada posteriormente directamente por el jefe de Estado, dependiendo del avance de los procesos de negociación y de las condiciones jurídicas que se presenten.
Le puede interesar: Histórica movida económica: El negociazo de $6 billones con el que MinHacienda sorprendió al mercado
Las Zonas de Ubicación Temporal han sido planteadas como espacios definidos para facilitar la concentración y ubicación de integrantes de grupos armados ilegales mientras avanzan los diálogos con el Gobierno Nacional.
Aunque el Ejecutivo no reveló cuáles serán las cinco zonas definidas ni qué estructuras armadas serán trasladadas inicialmente, sí insistió en que la implementación de estas medidas hace parte de los esfuerzos institucionales para avanzar en la construcción de paz y reducir los niveles de violencia en las regiones más afectadas por el conflicto.
Finalmente, el Gobierno Nacional aseguró que la paz debe entenderse como una política de Estado que requiere articulación entre todas las autoridades, bajo los principios de colaboración armónica e independencia funcional establecidos en la Constitución de 1991.