Veinticinco días de marchas, distribución de volantes y búsquedas incesantes terminaron de la peor manera en el suroriente del Valle del Cauca. Este miércoles, los cuerpos de Mireyda Ordóñez, de 35 años, y su hijo Camilo Alejandro Meneses, de 11, fueron encontrados sepultados en el patio de la misma vivienda donde residían, ubicada en el corregimiento San Antonio de los Caballeros, jurisdicción del municipio de Florida. Fueron los propios familiares y miembros de la comunidad quienes dieron con el sitio exacto de las fosas.
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Desde el pasado 19 de abril, el paradero de la mujer y el menor era un misterio absoluto. Durante casi un mes, allegados y habitantes de la región se movilizaron exigiendo una respuesta institucional, mientras la incertidumbre consumía a su círculo íntimo. El rostro de la madre y el niño inundó las redes sociales en campañas ciudadanas que pedían por su pronto regreso.
Sin embargo, la inspección del propio inmueble que habitaban reveló la crudeza del crimen. Según reportó Noticias Caracol, no fue necesario extender el radar de búsqueda fuera de la propiedad. Los restos estaban bajo tierra en la parte posterior de la casa, lo que obligó al traslado inmediato de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Judicial para acordonar el área e iniciar los protocolos urgentes.
Un sospechoso principal y un cabo suelto en el Cauca
La línea investigativa más fuerte que manejan las autoridades apunta directamente al entorno de las víctimas. Los señalamientos apuntan sobre Marco Antonio Ramírez, de 26 años, quien fue la pareja sentimental de Ordóñez y padrastro de Camilo Alejandro.
Los reportes oficiales indican que Ramírez se quitó la vida la semana pasada en el municipio de Santander de Quilichao, en el vecino departamento del Cauca. Ahora, los peritos judiciales cruzan la evidencia recolectada en la vivienda de Florida con el expediente de este aparente suicidio. El objetivo de los investigadores es establecer si el hombre ejecutó el doble homicidio tras una ruptura de la relación, ocultó los cuerpos en el terreno para ganar tiempo y, posteriormente, huyó de la región para acabar con su propia existencia ante el cerco mediático y de las autoridades.
Exhumación y diligencias forenses en desarrollo
En este momento, la casa en San Antonio de los Caballeros permanece bajo estricta vigilancia institucional. El equipo forense adelanta la exhumación técnica de los cadáveres, un procedimiento meticuloso que busca proteger la integridad de los restos para los análisis posteriores en el laboratorio.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el encargado de determinar las causas exactas de ambos decesos y el tiempo cronológico que las víctimas llevaban sepultadas. La recolección de material probatorio en el predio, como herramientas de excavación, rastros biológicos o signos de violencia en la infraestructura, es determinante. Las diligencias en el lugar de los hechos continúan activas, a la espera de los dictámenes científicos que permitan tipificar este caso y confirmar la autoría del crimen.