Iván Cepeda Castro, candidato presidencial, solicitó a las autoridades disciplinarias iniciar una investigación inmediata contra Vilma Velásquez, actual embajadora de Colombia en Haití, luego de ser señalada de promover su candidatura presidencial en un medio de comunicación extranjero. El requerimiento del candidato busca desvincular su campaña de cualquier práctica de proselitismo por parte de funcionarios activos, una conducta expresamente prohibida por la Constitución y la ley colombiana.
>>>(VEA: Atentado en vía a Cúcuta: presuntos integrantes del ELN bajaron a pasajeros y quemaron bus con todo adentro)<<<
En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Cepeda reaccionó directamente a las revelaciones de la prensa. “De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, indicó el congresista, trasladando la responsabilidad de determinar las sanciones a los entes de control correspondientes.
Un desliz diplomático en la televisión caribeña
La controversia institucional estalló luego de que Caracol Radio revelara en exclusiva los apartes de una entrevista concedida por Velásquez al canal haitiano Metropole Radio y Televisión. Durante su participación en el programa ‘Le Point’, conducido por el periodista Wendell Theodore, la funcionaria diplomática, nombrada hace un año por el Gobierno de Gustavo Petro, desvió la agenda sobre cooperación bilateral para intervenir abiertamente en la contienda electoral interna de Colombia.
“La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, aseguró Velásquez al aire. La intervención cruzó otra línea cuando el presentador cuestionó si Cepeda, militante del Pacto Histórico, representaba la figura de “delfín” del actual mandatario. La respuesta de la embajadora dejó poco margen a la interpretación: “Es lo mismo. Él está con nosotros. Él está con el pueblo”.
Las consecuencias disciplinarias que asume la Procuraduría
El ordenamiento jurídico del país establece una prohibición absoluta para que los servidores del Estado utilicen sus cargos, recursos públicos o autoridad para influir en debates electorales. Pese a las directrices y memorandos emitidos previamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar la neutralidad de su cuerpo diplomático, las declaraciones emitidas desde Puerto Príncipe representan un desafío directo a estas normativas.
Si la Procuraduría General de la Nación asume el caso y determina la culpabilidad de la embajadora por participación en política, las sanciones contempladas en el Código Disciplinario incluyen desde la remoción inmediata del cargo hasta una inhabilidad prolongada para ocupar puestos en el sector público. Por el momento, la Cancillería colombiana no se ha pronunciado de forma oficial e institucional frente a las actuaciones de su representante en la isla caribeña.