La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que no suspenderá de forma automática las órdenes de captura contra 29 presuntos integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). A través de una reciente resolución, el ente investigador le puso freno a la solicitud del Gobierno Nacional, exigiendo verificaciones rigurosas e individuales antes de otorgar este beneficio judicial.
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La decisión afecta directamente a cabecillas de alto nivel, entre ellos alias Chiquito Malo, solicitado en extradición por autoridades de Estados Unidos. La postura institucional es inamovible y es que la justicia no cederá el control sin garantías claras. Según el documento oficial expedido el 11 de mayo de 2026, la Fiscalía se abstiene de implementar medidas que impliquen detener los requerimientos judiciales “de manera general, automática e inmediata”.
Verificación exhaustiva antes de perdonar
Para que los miembros del EGC puedan transitar hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) establecidas en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), el ente acusador ordenó un cruce de datos minucioso. El texto normativo decreta la revisión de “la plena identificación, su situación jurídica, la existencia de órdenes de captura nacionales o con fines de extradición vigentes” de todos los enlistados.
La Oficina del Consejero Comisionado de Paz había entregado este grupo de nombres esperando su aceptación por confianza legítima, pero la Fiscalía advirtió que la buena fe no reemplaza sus competencias constitucionales de revisión. Adicional, el cese de las medidas cautelares solo se hará efectivo, si se cumplen las exigencias legales, a partir del 25 de junio de 2026, fecha oficial de inicio de operaciones en las zonas.
Las exigencias innegociables para el proceso de paz
El Gobierno avanza en negociaciones que buscan la desmovilización de este grupo armado. No obstante, Camargo subrayó que su despacho no tiene conocimiento del contenido de los acuerdos alcanzados. Debido a esto, la entidad carece de “los elementos necesarios para responder a la petición”.
La Fiscalía exige que el Estado constate acciones tangibles hacia la legalidad. Esto incluye pruebas de “la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas”, el freno a las hostilidades contra civiles y la transición de economías ilícitas a lícitas. Sin estas demostraciones, no se puede acreditar el estado avanzado del proceso que exige la ley para cesar persecuciones.
De crimen de alto impacto a grupo armado
La resolución detalla cómo ha mutado la categorización del EGC durante los acercamientos. Inicialmente, el Gobierno autorizó la mesa de diálogo calificando a la organización como una Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto. Posteriormente, se les reconoció como grupo armado organizado, lo que llevó a la firma de los “Compromisos de Paz en Doha” en Qatar, a finales de 2025.
Allí se pactó la creación de los espacios territoriales y un mecanismo tripartito de verificación con la MAPP/OEA. Pese a ello, Camargo aclaró que las ZUT deben funcionar para facilitar el sometimiento a la justicia, “no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”. Cualquier tránsito de los 29 enlistados tiene un carácter restringido y debe apuntar exclusivamente al ingreso a los campamentos.