El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado se agravó en las últimas horas debido a que la Sala de lo Contencioso Administrativo de esa alta corte decidió suspender un decreto del Gobierno que pretendía ordenarles a los fondos de pensión privados trasladar $25 billones de pesos a Colpensiones.
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Tras la decisión, el presidente Petro se expresó con furia en sus redes sociales e incluso advirtió que se trataba de un ‘golpe de Estado’ contra los derechos de los trabajadores.
“La constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano”, indicó el jefe de Estado, quien además señaló a la justicia de querer defender a grupos empresariales.
Pero el primer mandatario no paró ahí. Poco después publicó otro trino en el que pidió que el magistrado que tomó la medida cautelar sea denunciado penalmente.
"Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente (SIC)“. puntualizó el primer mandatario.
La dura respuesta del Consejo de Estado
En la mañana de este martes 12 de mayo, el Consejo de Estado emitió un comunicado de prensa en el cual se refirió a los fuertes comentarios del primer mandatario.
“Las palabras expresadas por el Presidente de la República de Colombia en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte del Consejo de Estado al que hoy se dirigen los señalamientos”, empezó señalando la alta corte.
En su pronunciamiento, advirtieron que el presidente ha usado un “tono incendiario” que no debe ser respondido con declaraciones en un sentido similar. En contraste, señalaron que debe haber un ejercicio “ponderado” para defender la Constitución.
Además, le advirtieron al primer mandatario que sus declaraciones pueden poner en riesgo a los jueces.
“La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como trasgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden”, puntualizó el Consejo de Estado.
En ese sentido, señalaron que el control judicial de los actos del Ejecutivo no debe ser interpretado como un obstáculo para la democracia, sino como una garantía de la misma.
“La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”, concluyó la alta corte.