Detrás de la fachada de éxito de una de las marcas de ropa interior más grandes de Colombia, se escondía una compleja red de ingeniería financiera diseñada para burlar a las autoridades aduaneras y tributarias. La captura del abogado Walter Francisco Martínez Martínez no solo golpeó a la marca Lili Pink, sino que dejó al descubierto un entramado de siete sociedades de papel que habrían servido para lavar más de 730.000 millones de pesos.
Le puede interesar: Dapre prorrogó contrato por 10.000 millones de pesos para abogados que buscan sacar a Petro de la lista Clinton
Modamundo: El epicentro de la operación
La pieza angular de este esquema, según la Fiscalía General de la Nación, es Moda Mundo Importaciones S.A.S. Constituida a finales de 2018 con Martínez como único socio y representante legal, la empresa es el ejemplo perfecto de una “sociedad fantasma”.
A pesar de registrar un capital de 500 millones de pesos y reportar movimientos masivos de mercancía desde China y Panamá, la compañía no tiene una sede física verificable en su domicilio registrado en Barranquilla. Para los investigadores, Modamundo no era una comercializadora real, sino un vehículo para absorber los riesgos jurídicos de las importaciones irregulares y la subfacturación.
El entramado de las “sociedades desechables”
El modus operandi de Martínez consistía en la creación sistemática de empresas que operaban durante un periodo determinado y luego eran liquidadas para borrar el rastro de las deudas tributarias. Entre las sociedades bajo sospecha destacan:
- Pink Life S.A.S.: Una de las primeras en encender las alarmas de la DIAN por operaciones que carecían de lógica económica.
- Importadoras satélite: Empresas creadas para realizar cerca de 1.900 declaraciones de importación bajo esquemas de subfacturación.
- Empresas de “parqueo”: Sociedades utilizadas para registrar activos y cuentas por cobrar, protegiendo el capital mientras las deudas quedaban en empresas que jurídicamente dejaban de existir.
Testaferros: De conductores a “magnates” textiles
Uno de los puntos más críticos revelados por el ente acusador es la utilización de personas con perfiles económicos vulnerables para figurar como accionistas mayoritarios. La investigación detectó que conductores, mensajeros y empleados de bajo rango aparecían como los dueños de empresas que movían miles de millones de pesos.
Esta estrategia permitía que los verdaderos beneficiarios del dinero —cuyos nombres la Fiscalía aún rastrea en los niveles más altos— permanecieran ocultos tras el nombre de Walter Martínez y sus colaboradores de confianza.
Un historial de “limpieza” empresarial
El perfil de Martínez como el “cerebro legal” de estas estructuras no es nuevo. Se han hallado vínculos previos con trámites de marcas para otras compañías investigadas por delitos similares, como Tierra Santa.
Incluso, en un hecho que ha generado estupor, se conoció que solo dos días antes de su captura, Martínez figuraba en una lista de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como posible administrador de bienes incautados al narcotráfico, lo que demuestra su capacidad para infiltrar los círculos oficiales mientras, presuntamente, coordinaba el lavado de 430.000 millones de pesos en enriquecimiento ilícito.
Hoy, con 405 locales comerciales afectados y una intervención masiva en 25 departamentos, el caso de las empresas de Walter Martínez se consolida como uno de los expedientes de contrabando y lavado más sofisticados de la década en Colombia.