El presidente Gustavo Petro respondió a la orden de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de desmontar los aranceles entre Colombia y Ecuador, pero dejó sobre la mesa lo que sería una clara condición de reciprocidad. Aunque el tribunal internacional dio un ultimátum de 10 días para frenar la guerra comercial que paralizó la frontera de Rumichaca, el mandatario colombiano advirtió que la medida no se levantará de tajo si el país vecino no actúa en igualdad de condiciones.
>>>(VEA: Petro se pronunció tras el hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez: este es el grupo tras el crimen)<<<
A través de su cuenta de X, Petro fijó su postura diplomática: “No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron”. Esta declaración confirma que el Gobierno acatará el fallo, pero el desmonte será progresivo y milimétrico, atado a los tiempos y acciones que ejecute la administración de Daniel Noboa.
El saldo de una frontera fantasma
Mientras los gobiernos definen el ritmo del desmonte, la economía en el departamento de Nariño sigue resintiendo el golpe. Las sobretasas, que iniciaron bajo un argumento de seguridad interna por parte de Ecuador y fueron respondidas con incrementos de hasta el 100 % por Colombia, desestabilizaron las finanzas locales en menos de tres meses.
Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, detalló en Noticias Caracol que la parálisis comercial redujo cerca de 300 millones de dólares en transacciones. El impacto humano es crítico: agencias de logística en Ipiales y Tulcán cerraron sus puertas, dejando en la calle a decenas de braceros, mensajeros y oficinistas, mientras los transportadores de carga pesada tuvieron que migrar hacia el centro de Colombia por la falta de mercancía.
Productos básicos importados de Ecuador como arroz, plátano y camarón quedaron bloqueados. En la misma vía, las empresas colombianas de autopartes, cerámicas y cosméticos perdieron su mercado natural por la imposibilidad de asumir los altos costos aduaneros.
Un fallo que no admite excusas de seguridad
Para los gremios del sur del país, el dictamen de 147 folios emitido por la Secretaría General de la CAN es la única garantía para reactivar el comercio. La resolución determinó que los decretos expedidos por ambos presidentes carecían de piso jurídico y técnico, invalidando oficialmente el pretexto de “seguridad” utilizado originalmente por Noboa.
Obando aclaró que esta decisión internacional es de obligatorio cumplimiento y crea un sumario que prohíbe explícitamente volver a utilizar la seguridad nacional como excusa para imponer trabas comerciales.
Tras calificar las últimas semanas como un “viernes negro” continuo, los habitantes de la frontera exigen que la diplomacia no retrase más la reactivación. El mensaje desde Ipiales es contundente: esperan que la “cronología” mencionada por Petro no extienda la agonía de un puente de Rumichaca hoy convertido en un paso desolado, y que las tractomulas vuelvan a cruzar en el plazo de diez días fijado por la CAN.