El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió para estudio una solicitud oficial que buscaría revocar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella Otero, avalado por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Defensores de la Patria”, de cara a las elecciones a finales de este mes de mayo. Mediante el auto del 16 de abril de 2026, la magistrada Alba Lucía Velásquez ordenó la práctica de pruebas luego de una petición ciudadana que alega presuntas irregularidades en la recolección de firmas.
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El recurso fue interpuesto por Marceliano Fonseca, quien acusa al candidato de radicar intencionalmente firmas que no corresponden al puño y letra de los ciudadanos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según el denunciante, estos actos violan el principio constitucional de buena fe y estarían catalogados en delitos como falsedad en documentos públicos, concierto para delinquir y fraude procesal, por lo que solicitó la nulidad absoluta del trámite preelectoral.
Para esclarecer los hechos, el CNE otorgó cinco días hábiles a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría para certificar el total de firmas entregadas por la campaña, la cantidad de apoyos validados y los motivos legales de aquellos que fueron anulados o rechazados.
La decisión del tribunal electoral no solo obligó al candidato a defenderse, sino que también pone condiciones estrictas al denunciante y a los organismos de control. Bajo el Artículo Quinto, el CNE ordenó a Fonseca que “señale de forma clara, precisa y concreta la causal de revocatoria que invoca, de la misma forma que allegue el material probatorio que considere útil, conducente y pertinente”. Asimismo, el Artículo Séptimo y Octavo disponen la remisión completa del expediente a la Procuraduría General de la Nación y al propio De la Espriella para garantizar el traslado de la información.
Un crítico del documento es el Artículo Décimo, el cual advierte de manera tajante que “contra el presente no procede Recurso alguno”, lo que parece ser que cerría la puerta a cualquier apelación inmediata contra el inicio de la investigación. Asimismo, la corporación dio el mismo plazo a De la Espriella, a su comité inscriptor y al demandante para pronunciarse y aportar el material probatorio pertinente.
“Una leguleyada sin sentido”: la defensa del candidato
Frente al inicio de este trámite administrativo, Abelardo de la Espriella rechazó tajantemente las acusaciones a través de sus redes sociales y durante una gira política en Popayán. Con la frase “calma, que no panda el cúnico”, el abogado aseguró a sus seguidores que su aspiración no corre peligro y que los apoyos ciudadanos ya superaron un control previo de legalidad.
El candidato presidencial explicó que las firmas fueron verificadas en su momento por la Registraduría y que la inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado. Según su versión, las rúbricas descartadas durante la revisión técnica no fueron excluidas por falsedad, sino por la imposibilidad de ser verificadas.
“El Consejo Nacional Electoral en vez de rechazarla de plano, aboca el conocimiento para tener que decidir lo único que pueden decidir, que eso no tiene ni pies ni cabeza”, cuestionó De la Espriella, calificando la solicitud como una petición extemporánea, un “parapeto” y un imposible jurídico. Además, atribuyó la maniobra a sectores políticos tradicionales, a los que denominó “los de siempre”, acusándolos de ejecutar una campaña de desprestigio llamada “operación Júpiter” ante el desespero por perder su hegemonía.