La Superintendencia Nacional de Salud abrió formalmente una investigación contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para auditar el manejo de los recursos y la calidad en la prestación del servicio a los maestros. La actuación de vigilancia y control se activó bajo una instrucción directa del presidente Gustavo Petro, quien pidio resultados y nombres concretos de los presuntos responsables de las fallas estructurales que asfixian el sistema.
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Durante la jornada de manifestaciones del primero de mayo, el jefe de Estado le dijo al superintendente de Salud, Daniel Quintero, un límite estricto de 15 días para documentar las irregularidades. El objetivo del Gobierno Nacional es llevar a los tribunales a quienes hayan desviado los aportes médicos de los educadores.
Las acciones legales y denuncias penales, anticipó Petro, apuntarán inicialmente contra las cabezas de la Fiduprevisora, entidad encargada de la administración financiera del fondo, a quienes el presidente señaló públicamente de supuestamente bloquear la implementación de la reforma a la salud del magisterio en regiones clave como Antioquia.
Rastreo directo al flujo de caja y medicamentos
El foco técnico de la Supersalud abarcará toda la cadena de atención primaria y de alta complejidad. A través de una instrucción interna, se ordenó revisar las condiciones de contratación, la entrega efectiva de medicamentos, la suficiencia de la red de clínicas, el represamiento de autorizaciones y la gestión de las quejas (PQRS) presentadas por los usuarios.
El rastreo no se limitará al Fomag y a la Fiduprevisora. Los inspectores evaluarán la gestión de operadores privados, prestadores de salud, gestores farmacéuticos e interventorías.
“Hoy mismo, no mañana. Cumpliendo la orden del Presidente, abrimos investigación en el Fomag. Vamos a revelar las irregularidades y a los responsables del manejo de los recursos de salud de nuestras maestras y maestros”, confirmó Quintero de manera tajante mediante su cuenta oficial en X.
La directriz establece que, si las evidencias recaudadas confirman el desvío de capitales, los expedientes y hallazgos serán trasladados de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría.
Las deficiencias en el modelo ya habían desencadenado bloqueos y marchas impulsadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a mediados de abril. El represamiento de citas, las fallas en cirugías y la no entrega de tratamientos crónicos obligaron a la Procuraduría a emitir llamados de atención urgentes por el riesgo inminente para la vida de los afiliados.