Una de las banderas del Gobierno Nacional actual quedaría sin efecto de inmediato bajo una eventual presidencia de la senadora Paloma Valencia. Así lo confirmó la congresista y candidata presidencial por en Centro Democrático ayer en Medellín, donde presentó una estrategia de seguridad que sustituye las mesas de diálogo por una persecución judicial masiva y un ataque frontal a las finanzas digitales de las organizaciones ilegales.
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Valencia fue contundente al señalar que el modelo actual de negociación ha llegado a su fin en su visión de país: “Conmigo se acaba la famosa paz total. Yo voy a reactivar todas las órdenes de captura de los criminales. Y no solamente las voy a reactivar, los voy a perseguir hasta que los pongamos presos a todos”, sentenció durante un encuentro con trabajadores en la capital antioqueña.
“Objetivos estratégicos”: la lupa sobre los contadores y las criptomonedas
La propuesta de la candidata del Centro Democrático busca introducir un cambio en la jerarquía de los objetivos de la Fuerza Pública. En lugar de centrarse únicamente en la operatividad en el campo, Valencia busca atacar el cerebro financiero que sostiene al ELN, las disidencias de las FARC y al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).
Para la Valencia, el debilitamiento de estas estructuras depende de su capacidad económica en la era digital. “Para que ese poderío económico que hoy tienen las FARC, el ELN y el autodenominado ejército gaitanista puedan ser derrotados, hay que quitarles la plata”, explicó.
En ese sentido, anunció que la inteligencia estatal se enfocará en los perfiles técnicos y contables de estas redes: “Los vamos a declarar objetivos militares, ahí sí, militares no, objetivos estratégicos a los contadores, a los que les manejan el computador para meter todo en ciber, en criptomonedas. Vamos a quitarles esas billeteras digitales llenas de criptos. Les vamos a ir detrás de la plata, que es la manera más fácil de debilitar esas estructuras criminales”.
¿Un cambio de paradigma que impacta a las comunidades?
Esta postura radical marca un giro total frente a la actual política, que permite al Estado adelantar procesos de paz y sometimiento. Mientras que el actual enfoque gubernamental busca reducir la violencia mediante el cese al fuego y la inversión social en zonas de conflicto, la propuesta de Valencia prioriza la acción penal sin concesiones.
El anuncio genera un debate sobre el impacto en los derechos humanos en los territorios más vulnerables. Actualmente, la paz total mantiene procesos abiertos que han permitido alivios humanitarios en diversas regiones, aunque con críticas por el fortalecimiento de algunos grupos. La reactivación de capturas y el fin de los diálogos sugerido por Valencia implicaría, en la práctica, el retorno a una etapa de confrontación abierta, centrando la victoria del Estado en el desmantelamiento financiero y el encarcelamiento de los mandos.
La viabilidad de rastrear “billeteras digitales” y el tratamiento de civiles (contadores) como objetivos estratégicos de inteligencia son ahora los puntos de discusión de una propuesta que busca capitalizar el descontento social frente a la situación de seguridad en el país y de una confrontación directa con Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, que defiende estas políticas de paz pues vienen de propuestas y ejecuciones de sus compañeros en el oficialismo.