La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este miércoles una intervención física y simbólica de carácter obligatorio en tres puntos claves de Bogotá: las caballerizas del Cantón Norte, la Casa del Florero y el Cementerio del Sur. La decisión, emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, impone medidas cautelares para frenar el negacionismo histórico y garantizar la reparación a las víctimas de desaparición, tortura y ejecución extrajudicial derivadas de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.
>>>(🔴 Le puede interesar 🔴: Petro se salvó de la investigación a su campaña y anunció posibles demandas a los magistrados del CNE)<<<
El tribunal transicional dispuso que estos recintos pierdan su anonimato frente a las graves violaciones a los derechos humanos. El fallo responde a un mecanismo de exigibilidad originado en 2023 por Helena Urán Bidegaín, quien solicitó la protección de los escenarios para habilitar el duelo familiar luego de cuarenta años de impunidad. Al respecto, el auto judicial de la magistratura es categórico sobre el objetivo de la intervención:
“El propósito de que las medidas adoptadas respondan a sus expectativas y contribuyan a honrar la memoria de las personas torturadas, desaparecidas y asesinadas en estos hechos. De esta forma, se busca proteger la verdad histórica frente a riesgos de negacionismo, fragmentación de la memoria y revictimización simbólica, y reafirmar que la centralidad de las víctimas es un principio transversal en todas las acciones ordenadas”.
¿Qué cambios drásticos enfrentarán las instalaciones del Ejército?
Las órdenes dirigidas al Ministerio de Defensa y a la cúpula militar exigen alteraciones directas en el Cantón Norte. La JEP determinó la instalación de una placa conmemorativa y la apertura de una exhibición permanente en la red de museos de la institución castrense.
El fallo detalla las obligaciones ineludibles para la fuerza pública en sus espacios de formación y su fachada urbana:
“Adoptar acciones de resignificación simbólica. Entre ellas, la instalación de una placa conmemorativa que reconozca este lugar como escenario de graves violaciones a los derechos humanos. La implementación de una cátedra obligatoria en derechos humanos y memoria histórica sobre los hechos del Palacio de Justicia en las escuelas de formación del Ejército Nacional y el diseño e instalación de murales de memoria histórica visibles desde el espacio público”.
Simultáneamente, la Alcaldía Mayor de Bogotá asumió el deber de reformular el espacio urbano aledaño al recinto militar bajo parámetros de reversibilidad y bajo impacto constructivo, siempre sujeto a la aprobación de los familiares.
La Casa del Florero y la articulación del Cementerio del Sur
El museo de la Casa del Florero, que funcionó como epicentro de clasificación de rehenes por parte de la fuerza pública estas dos fechas de noviembre, no podrá modificar la sala “6 y 7 de noviembre de 1985”. La JEP estableció que este espacio debe mantenerse de forma ininterrumpida y ordenó implementar recorridos guiados por las áreas específicas que ocuparon los militares.
El fallo traslada también su impacto sobre el actual Parque Zonal Villamayor. En este terreno, que albergó el Cementerio del Sur, la administración distrital deberá desplegar instalaciones itinerantes que informen a la ciudadanía sobre su utilización como fosa común para ocultar cuerpos durante la década de los ochenta.
Para ejecutar y unificar estas intervenciones, la JEP conformó una mesa técnica interinstitucional permanente, delineando el objetivo final del proyecto urbanístico y reparador:
“La conformación de una mesa técnica interinstitucional para el diseño de una Ruta de la Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia, que articule los tres lugares cautelados con el Palacio como eje central de memoria”.
