La Corte Constitucional de Colombia ratificó su postura y blindó judicialmente al presidente Gustavo Petro. La Sala Plena del alto tribunal negó, por mayoría de votos, la solicitud de nulidad que buscaba tumbar la sentencia que prohíbe al Consejo Nacional Electoral (CNE) investigar al jefe de Estado por la presunta violación de topes en su campaña presidencial de 2022.
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Con esta determinación, la Corte deja en firme que el CNE carece de competencia para procesar administrativamente al mandatario, una decisión que Petro recibió no solo como una especie de triunfo jurídico, sino como el punto de partida para una contraofensiva legal contra quienes lideraron dichos procesos.
El portazo de la Corte a la Sala de Consulta
El recurso de nulidad había sido interpuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con la intención de revertir el fallo inicial que limitaba las facultades del órgano electoral sobre la figura del presidente. Sin embargo, los magistrados de la Corte Constitucional determinaron que no existían argumentos suficientes para invalidar su decisión previa.
Este fallo es determinante para el futuro político del país, ya que establece un precedente sobre las ‘protecciones’ presidenciales, aclarando que cualquier investigación relacionada con la financiación de su campaña debe ajustarse estrictamente a los tiempos y órganos que dicta la ley, los cuales, según la defensa del mandatario, ya habrían expirado.
Petro evalúa denuncias por prevaricato
Minutos después de conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales, elevando el tono contra los funcionarios que intentaron avanzar con las pesquisas en el CNE. El mandatario aseguró que la investigación carece de base legal y que incluso el Consejo de Estado ya se había pronunciado sobre la ausencia de irregularidades.
“Consultaré con mis abogados si lo cometido por magistrados y miembros del Consejo Electoral fue un prevaricato, para poner las acciones respectivas”, advirtió el jefe de Estado en su cuenta de X.
Petro sostiene que la investigación que se desarrollaba en su contra tiene “varias bases de nulidad” y que el fallo de la Corte confirma que no se le debe investigar por fuera de los marcos legales establecidos, los cuales, insiste, ya se cumplieron. Cabe resaltar, que prevaricato es cuando un funcionario público (como un juez o magistrado) toma una decisión conociendo de que es ilegal o injusta. Es decir, no es un simple error, si no que implica que actuó de forma consciente en contra de la ley, a esto es lo que se refiere el mandatario.
La controversia por los “topes electorales” ha mantenido en vilo la estabilidad institucional del país durante meses. Mientras que sectores de la oposición pedían celeridad en el CNE para esclarecer el flujo de caja de la campaña de 2022, el Gobierno ha denunciado sistemáticamente un intento de “golpe blando” mediante procesos administrativos.
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El impacto de esta decisión de la Corte Constitucional desactiva, en gran medida, la presión jurídica inmediata sobre el presidente, trasladando ahora la carga a la justicia penal si Petro decide proceder con las denuncias de prevaricato contra los togados del CNE.