El escándalo desatado por la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, llamó la atención del Congreso de la República. El representante a la Cámara por Boyacá, Eduar Triana, radicó los cuestionarios oficiales para llevar a debate de control político a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y a Daniel Rojas, ministro de Educación.
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Los documentos de la citación, revelan un tono fuerte y exigencias puntuales sobre dos crisis paralelas, la primera el riesgo de un billón de pesos destinados a mitigar inundaciones y la segunda, una presunta red de diplomas universitarios fraudulentos en las altas esferas del Ejecutivo.
“Concierto para delinquir” y la sombra en La Mojana
El documento dirigido a Carlos Carrillo abre recordando el reciente desfalco en la entidad y lanza un dardo directo: “La UNGRD viene de uno de los mayores escándalos de corrupción del país, con desvío de recursos públicos y compra irregular de carrotanques. ¿Qué medidas concretas ha tomado usted para garantizar que hoy no se repitan esquemas de contratación amañada...?”.
La citación exige claridades sobre los recursos para salvar a 30.000 habitantes de La Mojana. Según lo que sería el texto filtrado, Carrillo deberá responder por qué “no comparte la decisión de que se asignen a una misión internacional, quien garantiza la veeduría y el control de los recursos”, y por qué acusa a la directora Rodríguez de aliarse con los “Holmedistas”.
El punto más álgido del cuestionario rescata una declaración de Rodríguez, exigiendo a Carrillo que aclare la siguiente afirmación: “En el Gobierno existe un presunto concierto para delinquir de más de 20 funcionarios, entre los que se encuentran el Dr. Carrillo (...) y Juliana Guerrero que controla el DAPRE”.
El documento interpuesto por el congresista del Centro Democrático pone contra las cuerdas a la entidad por el contrato denominado “la ruta del arroz”. Se trata de una adjudicación de COP 36.211 millones, firmada para reactivar la economía de La Mojana, que hoy se encuentra bajo sospecha por retrasos técnicos, presuntos favorecimientos políticos y su curiosa relación con la misma entidad educativa que otorgó los títulos a Guerrero.
Títulos “exprés” bajo la lupa legislativa
Por su parte, el documento radicado para el ministro Daniel Rojas no es menos contundente. El Congreso exige respuestas sobre la inoperancia de su cartera frente a la Fundación Universitaria San José.
Triana exige a Daniel Rojas detallar las medidas sancionatorias ejecutadas contra la Fundación Universitaria San José, institución acusada de emitir diplomas de forma irregular. En el cuestionario radicado, el congresista interroga si la cartera ha tomado decisiones de fondo o si “la universidad sigue operando como si nada mientras avanzan las investigaciones”.
La crisis institucional se agravó tras las declaraciones de Angie Rodríguez, quien detectó inconsistencias en la hoja de vida de Juliana Guerrero. Según los documentos de control político, Guerrero habría afirmado ser contadora de la Universidad Popular del Cesar y, en un lapso de apenas 15 días, presentó acreditaciones de la Fundación San José para avalar su perfil. El Congreso exige saber quién responderá por estos posibles títulos irregulares y si existen investigaciones formales contra las instituciones educativas implicadas.