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Caso pasaportes: Fiscalía acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva ante la Corte Suprema

La entidad acusó a Leyva por presunto prevaricato en contrato de pasaportes, que iría a Thomas Greg and Sons. Avanza en la Corte Suprema.

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ARCHIVO- Álvaro Leyva (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) (Fernando Vergara/AP)

La Fiscalía General de la Nación radicó este 23 de abril de 2026 la acusación formal contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, señalándolo como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. El proceso, que surge luego de meses de controversia por el manejo de la licitación de pasaportes en Colombia, entra en su etapa definitiva con un expediente que detalla cómo el exfuncionario habría forzado la parálisis de un proceso contractual millonario.

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Según el ente investigador, los hechos se centran en la emisión de actos administrativos que, bajo la apariencia de legalidad, habrían tenido el objetivo deliberado de entorpecer el proceso de selección pública. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó que el excanciller actuó por fuera del marco legal al frenar una adjudicación que ya contaba con el aval de los técnicos encargados.

El sustento de la acusación: “Extralimitación de funciones”

El foco principal de la acusación contra Leyva Durán se basó en el manejo de la licitación 001 de 2023, un contrato estratégico para la seguridad nacional y la movilidad de los colombianos. La Fiscalía fue enfática al señalar que las pruebas recolectadas son contundentes respecto al comportamiento del entonces ministro.


“Los elementos materiales probatorios indican que el exfuncionario habría extralimitado sus funciones. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos”, recalcó la entidad.

La investigación enfatizó que, a pesar de que el comité evaluador ya había recomendado entregar el contrato a la unión temporal que superó todos los filtros de ley, Leyva optó por el camino de la anulación unilateral.

La polémica Resolución 7485 y la “urgencia manifiesta”

El reporte oficial de la Fiscalía detalla la cronología de las decisiones que hoy configuran un presunto delito. El 13 de septiembre de 2023 fue el día clave, cuando el excanciller firmó la resolución que declaró desierto el proceso argumentando que solo había un oferente, ignorando las recomendaciones técnicas previas.

Frente a este escenario, la Fiscalía citó textualmente las irregularidades detectadas en el desarrollo de las decisiones de Leyva:

“Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente y Leyva Durán mantuvo la decisión impugnada. Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio. Asimismo, pese a la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller no lo hizo y ratificó su actuación”.

Más allá del debate contractual, la Fiscalía puso el foco en el daño potencial causado a la ciudadanía. Al lo que sería desestabilizar el proceso de producción de las libretas, puso en jaque un servicio público esencial. La acusación formal resalta que la conducta del exministro trascendió lo administrativo para afectar derechos fundamentales de los colombianos.

“Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país”.

Con este llamado a juicio, el sistema judicial colombiano busca determinar la responsabilidad penal de uno de los hombres más cercanos al Gobierno Nacional en su momento. El proceso continuará ante las instancias de la Corte Suprema, mientras el país sigue de cerca el desenlace de un contrato que, por sus dimensiones económicas y sociales, ha marcado la agenda política reciente.

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