La situación en la Cárcel de Itagüí mantiene en alerta a las autoridades por un posible escenario de seguridad crítica. Tras el escándalo por una fiesta con licor y presencia de civiles dentro del penal, ahora la preocupación se centra en el traslado de varios cabecillas criminales y el riesgo de una eventual fuga o intento de rescate.
El episodio, ocurrido el pasado 8 de abril, desató una serie de investigaciones disciplinarias y penales luego de que se conocieran imágenes de una celebración dentro del pabellón dos, en la que participó el cantante Nelson Velásquez. Desde entonces, la polémica ha escalado a niveles políticos, judiciales y de seguridad.
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Tras fiesta en la cárcel de Itagüí hay alerta de fuga inminente
Una de las decisiones más sensibles fue la orden del presidente Gustavo Petro de trasladar a varios de los principales jefes criminales recluidos en este centro penitenciario hacia cárceles en Bogotá, con el objetivo de frenar el control que, según las autoridades, siguen ejerciendo desde prisión.
Sin embargo, esta medida ha encendido las alarmas. Fuentes cercanas al proceso advierten que existe un alto riesgo operativo. “Lo que pudo pasar en la cárcel es que ‘Pocho’ se les salió de las manos, o también puede ser que quieran poner los focos sobre él a manera de distracción”, señaló una fuente a El Tiempo.
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El nombre de Paulo Andrés Torres, alias ‘Pocho’, ha cobrado relevancia no solo por su presunta participación en la organización del evento dentro del penal, sino por las implicaciones que tendría su traslado. Según información conocida, su salida de Itagüí podría impactar directamente zonas como la Comuna 13 de Medellín, debido a sus vínculos con estructuras criminales que operan allí.
En paralelo, las autoridades han reforzado la seguridad en el perímetro del penal con presencia militar, ante la posibilidad de intentos de fuga o acciones violentas para impedir los traslados. En la cárcel permanecen figuras de alto perfil criminal como alias ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Vallejo’, lo que eleva la complejidad del operativo.
El caso también ha dejado al descubierto presuntas irregularidades dentro del centro penitenciario. Según las investigaciones, varios funcionarios habrían permitido el ingreso de personas, licor y otros elementos prohibidos. El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, explicó: “Estamos haciendo un trabajo importante con la Policía y con la Fiscalía para determinar de quién son esos vehículos que ingresaron ese día… hay carros y camionetas que pertenecen a algunos funcionarios”.
De hecho, se indaga si algunos guardianes recibieron dinero para facilitar el ingreso de los asistentes a la fiesta, aunque no se descarta que también hayan actuado bajo presión de los propios internos.
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Otro elemento que complica el panorama es la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad dentro del penal, lo que ha dificultado el avance de las investigaciones. Aunque existe un contrato para modernizar el sistema, aún no está completamente operativo.
El proceso de traslado, además, no será inmediato. La definición de quiénes serán movidos depende de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que ha generado tensiones tanto en el Inpec como en otras entidades de seguridad.
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Desde sectores sociales también hay preocupación por las consecuencias que estas decisiones puedan tener en los territorios. Carlos Augusto Henao, integrante de un comité de derechos humanos en Medellín, le dijo al mismo medio que: “El temor está generalizado dentro de Medellín y en los diez municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá”.
Mientras tanto avanzan las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, y se define el futuro de los internos, el caso sigue escalando como uno de los más delicados en materia de seguridad carcelaria y orden público en el país.