La decisión de la Procuraduría General de la Nación de levantar la suspensión provisional de once dragoneantes del Inpec ha reactivado la polémica por la denominada “parranda vallenata en la cárcel de Itagüí”, un escándalo que involucra a cabecillas de bandas criminales, fallas institucionales y al cantante Nelson Velásquez.
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El Ministerio Público dejó sin efecto la medida disciplinaria tras declarar la nulidad del proceso disciplinario, al encontrar irregularidades en su inicio. Según la entidad, se adelantaron de forma simultánea la indagación previa y la apertura de investigación, lo que vulneró el debido proceso. En consecuencia, todas las actuaciones quedaron sin sustento jurídico y deberán reiniciarse conforme a la ley.
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Mientras se redefine el proceso, los funcionarios podrán regresar a sus cargos. Sin embargo, el caso sigue generando cuestionamientos por las graves fallas detectadas en el penal, entre ellas el ingreso irregular de personas, licor, equipos de sonido y la presunta participación de funcionarios en la logística del evento.
El escándalo estalló el pasado 8 de abril, cuando se conoció que dentro de la cárcel La Paz se realizó una fiesta que habría costado cerca de 500 millones de pesos, presuntamente organizada por delincuentes conocidos como alias Tom, alias Pocho y alias Charry. En el evento, el cantante Nelson Velásquez habría recibido alrededor de 100 millones de pesos por su presentación.
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De acuerdo con la concejal Claudia Carrasquilla, “los reos habrían aprovechado la ausencia del director de la cárcel para permitir el ingreso no solamente del cantante, quien desde horas de la mañana estuvo ofreciéndoles el concierto, sino que, además, se ingresó licor”. Este testimonio refuerza las hipótesis sobre un debilitamiento en los controles internos del penal.
Las investigaciones también revelaron que al menos 16 vehículos de alta gama ingresaron al establecimiento junto con varias mujeres, mientras que registros visuales evidenciarían que el control de acceso no estaba completamente en manos del Inpec. Según los hallazgos, “habría por lo menos dos civiles controlando el acceso al establecimiento”, lo que agrava las dudas sobre la seguridad carcelaria.
Otro elemento clave es que la cárcel llevaba años sin un sistema adecuado de cámaras de seguridad, lo que ha dificultado la recolección de pruebas. Esta falencia ha sido señalada como un obstáculo para esclarecer plenamente las responsabilidades.
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación avanza en varias líneas de investigación. Un fiscal especializado compulsó copias para que se investigue a Nelson Velásquez por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que también se indaga a funcionarios del Inpec por posible prevaricato por omisión.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza al caso y anunció medidas inmediatas. “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó durante un consejo de ministros. La decisión se produce en medio de la suspensión de las conversaciones de paz urbana con estas estructuras criminales.
Hasta el momento, Nelson Velásquez no ha dado declaraciones sobre el caso. En sus redes sociales, el artista se limitó a publicar un mensaje: “Seguimos, de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción”.
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El escándalo continúa en desarrollo y deja en evidencia serias grietas en el sistema penitenciario colombiano, mientras las autoridades buscan determinar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.