La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja (Boyacá), Mikhail Krasnov; la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y al particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios.
Lea también: De la Espriella pasó de decirle “potaje carcelero” al ajiaco a comer ‘arroz de payaso’ en ‘chuzo’ de Barranquilla
Estos funcionarios son señalados de coordinarse para vincular a la administración municipal al abogado Juan Sebastián Ramírez García, ya judicializado por estos hechos, con el propósito de que retirara una acción de nulidad que presentó contra la elección del mandatario local en noviembre de 2023.
En cumplimiento de compromisos adquiridos en diferentes reuniones, se firmó un primer contrato en febrero de 2024, por 19’800.000 pesos, que no se ejecutó. Luego, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios a favor del abogado, a través de la empresa pública Ecovivienda, por 54’285.000 pesos, cuyo objeto era brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía.
Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal. Asimismo, dan cuenta de que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y a expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.
Le puede interesar: Video: Seis extranjeros intentaron robar un local en Bogotá, fueron capturados y expulsados de Colombia
En ese sentido, un fiscal de la Seccional Boyacá acusó al exalcalde, a los dos exdirectivos de su administración y al particular, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.