El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de emitir afirmaciones sobre presuntos fraudes electorales sin contar con pruebas verificables, en el marco de una medida cautelar dentro de una acción popular que busca proteger la confianza en el sistema democrático.
La decisión, adoptada este viernes, 10 de abril de 2026, responde a una solicitud del Ministerio Público y a una demanda interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano.
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Tribunal de Cundinamarca le pide a Petro no hacer comentarios sobre fraude electoral
En el documento conocido por PUBLIMETRO COLOMBIA, el Tribunal advierte sobre el alcance de este tipo de pronunciamientos y ordena que el mandatario “omita transmitir o retransmitir cualquier afirmación, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral (…) sin que se tenga una información fehaciente (…) debidamente soportada y corroborada por las autoridades”.
Asimismo, el alto tribunal señaló que, en caso de contar con información sobre posibles irregularidades, esta debe ser puesta en conocimiento de las autoridades competentes junto con los soportes correspondientes.
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En ese sentido, la decisión precisa que dichas afirmaciones solo pueden hacerse si están “debidamente soportadas y corroboradas por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral”, dice el documento.
La medida se adopta como una acción preventiva mientras se resuelve el fondo del proceso. Según el Tribunal, se busca evitar que declaraciones sin sustento afecten derechos colectivos relacionados con la transparencia electoral y la confianza en las instituciones.
Durante el trámite, distintas entidades advirtieron sobre el impacto que pueden tener este tipo de mensajes en la ciudadanía. Incluso, en el expediente se señala que la difusión de afirmaciones sin respaldo puede “erosionar la confianza (…) en el sistema electoral” y generar efectos en el contexto de los comicios.
Aunque la defensa del mandatario sostuvo que sus pronunciamientos hacen parte de su derecho a la libertad de expresión, el Tribunal concluyó que, por su investidura, sus declaraciones deben cumplir estándares más estrictos de verificación, especialmente en un escenario electoral.
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La decisión se conoce en un momento clave para el país, a pocas semanas de nuevas jornadas electorales, con las que se elegirá al nuevo presidente y marca un precedente sobre los límites de las declaraciones públicas de altos funcionarios frente a la integridad del proceso democrático.