La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia oficializó la apertura de una investigación formal en contra de Alirio Barrera, senador y figura clave del Centro Democrático, por el presunto delito de acto sexual violento. El proceso, que quedó a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda, examina una denuncia penal sobre hechos ocurridos en 2016, época en la que el político ejercía como gobernador del departamento de Casanare.
(🔴 Le puede interesar 🔴: Escándalo en Caracol TV: MinTrabajo decreta medidas de urgencia por denuncias de acoso sexual)
Según reveló una exclusiva de la revista Cambio, la denunciante acudió al despacho de la Gobernación hace ocho años para gestionar apoyos destinados a un evento de juventudes cristianas. El encuentro, que debía ser de carácter estrictamente institucional, habría derivado en una agresión física por parte del mandatario. “Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso”, relató la mujer al citado medio.
Después del forcejeo, el entonces gobernador habría retomado la reunión con normalidad, sacó una maleta y le entregó 400.000 pesos en efectivo para la actividad que solicitaba. Por el supuesto temor a perder su empleo y a sufrir represalias en la región obligó a la víctima a guardar silencio durante casi una década acudiendo a diversas prácticas. A principios de 2026, respaldada por su familia, decidió radicar el caso ante la Fiscalía Regional del Casanare, entidad que lo remitió por competencia al alto tribunal.
Desde la orilla del congresista, quien actualmente actúa como jefe de debate de la senadora Paloma Valencia, su equipo de trabajo desestimó categóricamente los señalamientos. Sus voceros argumentan que el caso responde a una supuesta estrategia de desprestigio por Jorge Enrique Ortiz, un exaliado que hoy figura como su principal detractor político en Casanare. Los abogados defensores recalcaron que la investigación apenas inicia y afirmaron que a la fecha no existe evidencia objetiva que corrobore la acusación, por lo que se escudan en la ley de la inocencia hasta no probarse.
(🟢 Lea también: “Votos a punta de fusil”: El explosivo y nuevo agarrón entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Congreso)
No obstante, la denunciante se anticipó a este argumento en su testimonio: “Sé que el senador se va a excusar en que es un ataque político. Pero yo sé que lo que digo es verdad, al punto de que no quise hacerlo público antes de las elecciones porque no me interesa”, afirmó al medio de la exclusiva.
El peso de los baldíos y la reacción de Gustavo Petro
El panorama legal de Barrera se complejiza con un expediente administrativo que esta realizando al mismo tiempo. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lo investiga por la presunta acumulación irregular de más de 412 hectáreas de terrenos de origen baldío en los municipios de Nunchía y Aguazul. Las autoridades indagan si el senador consolidó su patrimonio inmobiliario logrando evadir los límites de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) mediante la adquisición y fragmentación de predios que el antiguo Incora había adjudicado originalmente a campesinos sin tierra.
La sumatoria de ambas investigaciones generó un fuerte choque político que escaló hasta la Casa de Nariño. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones contra el legislador de la oposición, atando sus problemas judiciales a su actividad legislativa.
“Un senador del Centro Democrático presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este gobierno. ¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera? ¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?”, trinó el jefe de Estado citando la noticia.