El asesinato de Deisy Granados y sus hijas, Karen Juliana y Chantal Daniela Penagos, ocurrido entre el 20 y el 24 de marzo de 2026 en Bogotá, volvió a encender las alarmas sobre la respuesta institucional frente a la violencia intrafamiliar en el país.
Le puede interesar: Envían a la cárcel a sujeto señalado del feminicidio de su pareja y sus hijastras en Bosa
El caso no solo conmocionó por su brutalidad, sino por un detalle que hoy genera indignación: existían denuncias previas contra el presunto agresor, Cristian Camilo Valencia, pero no se activaron mecanismos efectivos de protección.
Un historial de violencia que no tuvo respuesta
El relato de Eisson Ferney Penagos, padre de las jóvenes y expareja de Deisy, revela una cadena de omisiones. Según conoció tras el crimen, la víctima había interpuesto al menos dos denuncias por violencia intrafamiliar y amenazas entre 2024 y 2025.
Sin embargo, ni él ni otros familiares fueron informados de la situación. Tampoco hubo un seguimiento claro por parte de las autoridades.
La ausencia de alertas y acompañamiento dejó en evidencia un vacío en los protocolos. Para el padre, el sistema falló en su función más básica: prevenir.
Tres días de silencio y una escena que lo cambió todo
La alerta se encendió cuando dejó de tener contacto con sus hijas. Pasaron los días sin respuesta, hasta que las autoridades ingresaron a la vivienda, ubicada en la localidad de Bosa.
Allí encontraron los cuerpos y al presunto responsable aún dentro del inmueble.
El dato que más impacta: el hombre habría permanecido durante cerca de 72 horas en el lugar tras cometer el crimen, sin levantar sospechas inmediatas en su entorno: “No fue algo espontáneo que ocurrió, sino que ya venía una violencia sostenida en el tiempo, por lo menos de dos años antes”.
Un patrón de control que escaló a la violencia extrema
Para expertos, el caso no fue un hecho aislado. El psicólogo forense Roberto Sicard lo describe como el perfil de un “aniquilador familiar”, una figura marcada por la necesidad de control absoluto sobre su entorno.
Según su análisis, no se trató de un episodio espontáneo, sino de una violencia sostenida durante años que terminó escalando hasta el peor desenlace.
El comportamiento posterior al crimen también refuerza esa hipótesis: el presunto agresor fue visto actuando con aparente normalidad, lo que, según el experto, refleja un alto nivel de control emocional.
El caso de Deisy Granados y sus hijas pone en evidencia las grietas de un sistema que, pese a tener alertas previas, no logró evitar el desenlace.
Hoy, la discusión vuelve a centrarse en la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, seguimiento y protección para evitar que historias como esta se repitan.