Este martes, 10 de marzo, estaba programada la audiencia de Imputación de Cargos y medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en medio de la investigación por los títulos que le fueron otorgados por la Fundación San José. Luego de más de una hora de espera, la juez tomó la decisión de devolver a reparto la carpeta.
El caso de Guerrero se convirtió en uno de los escándalos recientes que involucran a funcionarios cercanos al Gobierno nacional. La joven, quien fue postulada para el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, es investigada por presuntas irregularidades relacionadas con sus títulos académicos.
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Juliana Guerrero no se conectó a la audiencia de imputación de cargos
Según la Fiscalía General de la Nación, Guerrero habría presentado diplomas de contaduría pública obtenidos en la Fundación Universitaria San José sin cumplir algunos requisitos obligatorios, como la presentación de la prueba estatal Saber Pro, lo que derivó en la imputación de cargos por presunta falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
El ente acusador adelanta el proceso para establecer la validez de dichos títulos y si estos fueron utilizados para acceder a cargos públicos.
Sobre las 10 de la mañana Juliana Guerrero envió una carta dirigida a la Fiscalía para solicitar un nuevo aplazamiento para poder contratar un abogado de su confianza y que desistía a la asignación de un abogado por la Defensoría del Pueblo.
La juez leyó el documento y por esa razón se instaló la diligencia. Sin embargo, como no compareció Guerrero decidió que la carpeta sería devuelta a reparto, en donde se definirá una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos, en cumplimiento a la solicitud de la Fiscalía.
Carta enviada por Juliana Guerrero para pedir nuevamente el aplazamiento de la audiencia
En el documento leído por la juez, fechado el mismo día de la audiencia, Guerrero explicó las razones de su solicitud. “Me permito dirigirme respetuosamente a su despacho con el fin de solicitar el aplazamiento por última vez de la audiencia de formulación de imputación (…) programada para el día 10 de marzo del 2026 a las 9 a.m.”.
Señaló que, debido a la “connotación pública y nacional de los hechos” le resultó “materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica”.
La investigada también manifestó que desea ejercer plenamente su derecho a la defensa con un abogado elegido por ella.
“No requiero la designación de un defensor público por parte de la Defensoría del Pueblo, sino que solicito muy respetuosamente se me conceda un término razonable que me permita contratar un abogado idóneo”, indicó.
En el mismo documento agregó que su petición se hacía “con el único propósito de salvaguardar mis garantías constitucionales al debido proceso y el derecho a la defensa”, reiterando además su disposición de comparecer a las futuras audiencias y colaborar con la justicia.