La Procuraduría General de la Nación ratificó este martes, en un fallo de segunda instancia con la destitución e inhabilidad por 10 años contra Diana Cecilia Muñoz Miguez, exdirectora de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La decisión vincula directamente su gestión con las irregularidades que facilitaron la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una cita odontológica.
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El Ministerio Público confirmó que Muñoz Miguez entregó de manera irregular las boletas hospitalarias y la orden judicial para el traslado de Merlano al Centro Médico de La Sabana, en el norte de Bogotá. Según la investigación, la exfuncionaria autorizó la salida para un procedimiento estético dental sin contar con la validación obligatoria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), omitiendo además los protocolos de seguridad para una interna de alto perfil.
Las fallas en la cadena de custodia que permitieron el escape
La sanción disciplinaria no se limitó a la dirección del penal. El ente de control también confirmó la destitución e inhabilidad por el mismo tiempo para el excomandante de custodia y vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas, y para la exsubdirectora del centro de reclusión, Katherine Lozano Forero.
En el caso de Álvarez Cárdenas, la Procuraduría comprobó que suscribió la remisión médica sin aplicar las medidas de seguridad proporcionales al riesgo de fuga. Por su parte, Lozano Forero fue hallada responsable de avalar el traslado de Merlano tanto el día de la evasión como en una cita previa el 26 de septiembre de 2019, bajo condiciones de custodia insuficientes. Un detalle revelador de este suceso, citado por fuentes de la entidad, señala que las faltas de la exdirectora y el excomandante actuaron con conocimiento de la irregularidad y voluntad de ejecutarla.
Encuentros familiares no autorizados y suspensiones menores
La investigación disciplinaria también arrojó resultados sobre el comportamiento del personal de base. El exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón fue sancionado con tres meses de suspensión de su cargo. La Procuraduría estableció que el guardia permitió un encuentro familiar entre la exsenadora y sus hijos durante una de las salidas al consultorio odontológico, una acción que no estaba permitida dentro de los lineamientos del servicio penitenciario.
El Ministerio Público fue enfático al concluir que este grupo de funcionarios vulneró los principios de moralidad, transparencia y eficacia que rigen la función pública en Colombia. La ausencia de un esquema de seguridad robusto permitió que el episodio, que inició en un consultorio odontológico, terminara con la fuga de Merlano hacia Venezuela, donde permaneció hasta su deportación en marzo de 2023.
Actualmente, el panorama judicial de Aida Merlano también presenta avances definitivos. En diciembre de 2025, la excongresista fue condenada a tres años y seis meses de prisión luego de aceptar su responsabilidad en el delito de fuga de presos ante un juez de Bogotá. Aunque Merlano ha intentado justificar su huida alegando presiones políticas y riesgos contra su vida, la justicia colombiana ha mantenido en firme la penalización por el fraude al sistema penitenciario.